ABC (1ª Edición)

CARTA ABIERTA DE ITT

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ITT: “Más de un millón de personas están a la espera de un carné de conducir”

Los españoles se quedan sin oportunida­des de trabajo por no poder examinarse a tiempo para obtener sus permisos de conducción.

A partir de los datos oiciales publicados por la Dirección General de Tráico y analizados, en España habría actualment­e más de un millón de personas esperando examinarse para obtener su carné de conducir, en su mayoría, para obtener el permiso de categoría B.

Con una plantilla de examinador­es operativos como la actual, de 704 personas, que realizan 12 pruebas diarias, solucionar la lista de espera, le llevaría a la DGT, 33 meses, siempre y cuando no se incorporar­an nuevos aspirantes a la misma.

ITT: “La falta de examinador­es no es un problema puntual, fruto de la situación de pandemia, sino una situación estructura­l que se viene arrastrand­o desde hace décadas y a la que nadie pone solución deinitiva”. La situación actual en las Jefaturas Provincial­es de Tráico es desesperan­te. Miles de aspirantes esperan una fecha para poder examinarse del práctico de conducir, pero la falta de personal examinador, no permite que los alumnos puedan examinarse de la prueba de circulació­n en un tiempo prudencial. Esto deja en una situación de desprotecc­ión total tanto a las autoescuel­as, como a los ciudadanos, los verdaderos damniicado­s, que pagan sus tasas por adelantado pero no reciben el servicio por el que pagaron.

La falta de examinador­es no es un problema nuevo. Desde la década de los 90, se viene produciend­o este problema que afecta a la DGT de forma estructura­l.

En los últimos 20 años, la plantilla de examinador­es se ha reducido en más de un tercio, pasando de los casi 1.000 funcionari­os que ejercían su labor en las jefaturas en el año 2006 a los 704 que están actualment­e operativos. Según datos oiciales, en el año 2020, la DGT contaba con 791 examinador­es en activo, de los cuales 70 realizan labores de coordinaci­ón y otros 17, están adscritos a la Subdirecci­ón General de Formación y Educación Vial, dirigida por María Jesús Aparicio. Eso deja una plantilla de poco más de 700 examinador­es para realizar el más de millón de pruebas que están pendientes, lo que conlleva a una situación de colapso del propio sistema, que está generando grandes “cuellos de botella” en varias jefaturas, por la gran cantidad de alumnos que demanda hacer su examen y la poca capacidad de éstas para realizarlo­s por falta de personal.

SISTEMA CAPA: LLUEVE SOBRE MOJADO

Esta situación de colapso ha venido propiciada, además de por el descenso en la plantilla de funcionari­os examinador­es, por la repercusió­n que han dejado las huelgas que éstos llevaron a cabo en los años 2015 y 2017, y que trajeron consigo una reducción de las pruebas diarias a realizar a 12. Todo ello se vio agravado por la situación derivada de la COVID-19 y la implantaci­ón progresiva en las jefaturas del sistema CAPA. Un sistema que la DGT ha puesto en marcha para adaptar la alta demanda de pruebas a la escasa oferta de las jefaturas. Este sistema, según palabras de la Subdirecto­ra de Formación y Educación Vial de la DGT, María José Aparicio el pasado mes de enero, es un “algoritmo que permite ajustar y repartir la capacidad de examen de cada Jefatura Provincial de Tráico” entre sus autoescuel­as, asignando a cada una de ellas, el cupo de alumnos que puede presentar a examen en el periodo correspond­iente, según la tasa de alumnos aprobados en el teórico que tenga, y el cómputo total de aspirantes que la Jefatura tenga para examinar en esa categoría durante ese periodo. Algo que limita mucho el número de alumnos que las autoescuel­as pueden presentar a examen y dilata los tiempos para obtener el permiso a los alumnos.

Esta situación, por no poder examinarse, está generando un fuerte malestar social tanto en las autoescuel­as como en los ciudadanos, en última instancia los grandes perjudicad­os, que ven demorarse por meses la realizació­n de sus pruebas prácticas después de haber superado la parte teórica, generando un colapso que no se soluciona.

La DGT sostiene que parte de ese colapso viene dado por la mala preparació­n de los alumnos que se presentan, trasladand­o la culpa a las autoescuel­as y no reconocien­do que el problema viene por la falta de examinador­es. ITT y sus autoescuel­as sostienen que ese argumento no es válido ni justiicati­vo, ya que de los aspirantes que se presentan a la prueba de circulació­n para la obtención del permiso B, el 60% obtienen el apto en primera o segunda convocator­ia. Y en el resto de pruebas, el porcentaje supera ampliament­e el 70%.

CON TASAS PERO SIN EXAMEN

Sin embargo, la administra­ción sigue cobrando tasas para las pruebas de examen (actualment­e la tasa para realizar el examen está en 93,12€) aunque no examine por falta de personal examinador. “La DGT cobra por examinar pero no ofrece el servicio correctame­nte. ¿Quién lo impide? ¿El Gobierno, el Ministro, el Director General? Mientras, las autoescuel­as mueren por no poder trabajar correctame­nte porque no hay suicientes funcionari­os que atiendan la demanda de exámenes” “Las autoescuel­as podrían crear 1500 puestos de trabajo directos como profesores de formación vial, a la vez podrían favorecer de forma indirecta a otros sectores con los que está relacionad­os, como el sector de la automoción, ya que si hay más trabajo, se pueden adquirir más vehículos, el sector de los talleres de reparación o el sector de los combustibl­es.“

“Nada de esto se puede hacer porque no hay una cabeza visible que tome las decisiones correctas. Los principale­s damniicado­s, son los ciudadanos, que no pueden examinarse en los plazos normales e incluso pierden posibilida­des laborales, en un momento en el que obtener un empleo es complicado y difícil, y las autoescuel­as, que pierden clases por no poder llevar a sus alumnos a examen”.

Desde ITT pedimos al Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que tome cartas en el asunto y solucione de una vez, un problema estructura­l que lleva décadas existiendo y que pasaría por dotar a la DGT de presupuest­o suiciente con el que aumentar por un lado, el número de funcionari­os examinador­es, y por otro, mejorar las condicione­s laborales de los mismos, de manera que el puesto resulte más atractivo para el resto de los cuerpos funcionari­ales de la Administra­ción y se llenen todas las vacantes ofertadas por la DGT para ser examinador de tráico por promoción interna, y que actualment­e no se cubren en su totalidad. Llama la atención que la DGT no destine su superávit presupuest­ario en aumentar su plantilla de examinador­es, pero sí lo utilice para transferir al Estado 150 millones de euros (en 2019 llegaron a ser 622,3 millones de euros), provenient­e de la recaudació­n de las multas y de las tasas que los usuarios pagan a la DGT, entre otros conceptos para examinarse. Un dinero que debería destinarse a la Seguridad Vial y no a otros servicios o conceptos.

“Basta con consultar los datos en las diferentes regiones de España, sacados por empresas especialis­tas y universida­des públicas para hacerse una idea de la situación. No entendemos que el Director de Tráico que conoce bien el sector, mire hacia otro lado en este asunto y no lo solucione, no sabemos si porque no se lo han explicado o porque no quiere hacerlo. “

“En ITT creemos que ha llegado el momento de decir BASTA, de solicitar al Ministerio de Interior y la Dirección General de Tráico e incluso al Ejecutivo en pleno, que solucionen este problema y le den a los ciudadanos el servicio público que merecen y por el que pagan. Un servicio que funcione adecuadame­nte y no con retrasos. Un servicio moderno, digno del siglo XXI.

Por lo pronto, para solventar el problema más acuciante y urgente que es reducir el colapso actual, reclamamos que se destine a la DGT, una partida presupuest­aria de al menos 2 millones de euros, para ampliar la plantilla de examinador­es o que éstos realicen horas extras. Sin embargo, esto lo consideram­os como un parche temporal. Se hace preciso buscar una solución eicaz que arregle la situación deinitivam­ente“.

“¿Tan DIFICIL es conseguir un par de millones de euros, sabiendo además que el Estado los recuperarí­a inmediatam­ente, a través de los beneicios ingresos generados por las tasas de examen? No entendemos por qué no se hace y de forma inmediata. Necesitamo­s que se haga YA”. Las autoescuel­as estamos cansadas de escuchar posibles arreglos que no llegan. La situación es desesperan­te y es urgente se tomen medidas para acabar con el colapso de pruebas. Y tiene que ser ahora mismo. El Estado no puede permitir que la situación se mantenga así por más tiempo, afectando de forma tan nefasta a los ciudadanos y a las autoescuel­as.”

Sobre ITT

El Instituto de Tráico y Transporte (ITT) es una organizaci­ón de implantaci­ón nacional cuyo in es impulsar la cualiicaci­ón de los conductore­s profesiona­les a través de la formación. Engloba a más de 100 empresas y 400 autoescuel­as repartidas por toda España y aglutina al 70% de los centros que imparten formación CAP en España. Juntos conforman la mayor red nacional de centros de formación especializ­ados en Conducción, Logística, Transporte y Seguridad Vial.

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