Nuestro ‘Estado empresario’
El escándalo de Plus Ultra al menos ha corregido un vicio: que la SEPI estuviera 17 meses sin presidente
Los ecos del escandaloso rescate financiero de la aerolínea Plus Ultra han llevado al Gobierno a resolver un problema que era un agravio cotidiano para los contribuyentes: la vacancia del puesto de presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el holding que con más de 120 empresas y miles de trabajadores encarna el ‘Estado empresario’ en España. Se trata de uno de los cargos mejor remunerados de la Administración, con una renta de cerca de 220.000 euros anuales (el gobernador del Banco de España cobra 190.000 euros). El Consejo de Ministros del martes decidió designar en el cargo a María Belén Gualda, la actual presidenta de Navantia.
Durante más de 17 meses, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, responsable de proponer al presidente de la SEPI, ha mantenido sin disimulo una situación de interinidad forzosa en este organismo. Y lo ha hecho por la sencilla razón de que quería guardarle el puesto a un hombre de su confianza, Vicente Fernández Guerrero. Montero anunció el 1 de octubre de 2019 que Fernández Guerrero, designado en la SEPI por el Gobierno de Pedro Sánchez, había puesto su cargo a disposición del Ejecutivo tras conocer la reapertura de la causa sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. Fernández, como ex secretario general de Industria de la Junta de Andalucía, era uno de los tres investigados por la Audiencia de Sevilla tras reabrirse la causa por la adjudicación de la mina. Su cese se publicó en el BOE del 4 de octubre de 2019.
Pero Montero esperaba que el horizonte judicial de Fernández se resolviera en pocos meses, así que decidió guardarle el puesto, en vez de buscar un nuevo candidato, una decisión insólita que supuso subordinar el buen funcionamiento de la Administración a los deseos personales de la ministra. Pero las cosas se complicaron y el proceso contra Fernández se alargó más de lo esperado.
La cacicada fue aún más evidente cuando el Ejecutivo que designó al candidato de Montero fue sustituido formalmente por un nuevo Gobierno de coalición tras la investidura de Sánchez el 7 de enero de 2020. Hasta el martes pasado, el puesto fue desempeñado por el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, empleado de la SEPI desde 1990. Que la vacancia era un pie forzado lo demuestra el hecho de que en el informe de gestión anual del organismo ni siquiera se reseñaba la dimisión del presidente.
Las explicaciones que el Gobierno ha dado sobre estos 17 meses de vacancia de la presidencia de la SEPI son inexistentes. En eso se asemejan a las muy poco claras que ha entregado sobre la concesión del préstamo de 53 millones a la aerolínea Plus Ultra. Se reproduce así un patrón de conducta que introduce prácticas viciosas que van colonizando la Administración y conspiran contra la eficacia que el Estado debería mostrar a la hora de administrar el dinero de los contribuyentes. jmuller@abc.es