«En Rusia me torturarán hasta que diga lo que quieran»
Una activista moscovita esquiva in extremis un procedimiento de extradición en la Audiencia Nacional
Se llama Olga K., es moscovita, cumple 37 este año, vive en Francia con su hijo de ocho y el pasado octubre, tuvo la pésima idea de regalarse una escapada a España que acabó con una identificación policial en el hotel en el que vacacionaba y las alarmas encendidas. Ficha roja de Interpol, Rusia la estaba reclamando por tráfico de drogas. La acusación, intentar vender pastillas a un agente de la policía. Prisión provisional. Se le vino el mundo abajo.
Hace sólo unas semanas pasó a disposición de la Audiencia Nacional para afrontar un proceso de extradición del que, finalmente, se ha librado in extremis. Mientras ella narraba la historia tras esa imputación de las autoridades rusas, su abogado, Luis Chabaneix, se movía en Lyon para informar a Interpol de que Olga tiene reconocido el asilo en Francia, razón por la que no debió viajar a España y que es suficiente como para que, al menos en la UE, Rusia ya no pueda perseguirla.
Su relato, por descontado, no es el de una narcotraficante que tenga miedo de acabar sentenciada a trabajos forzosos, sino el de la huida de una persecución que calificó de política y que le hizo temer por su vida.
Tal y como contó en Francia para pedir asilo y después explicó ante la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, Olga, monitora de aerobic sobre el papel, se involucró en 2012 en el proyecto gulag.net, una plataforma de activismo que denuncia las torturas y los abusos del sistema penitenciario bajo gobierno de Putin. El impulsor de la iniciativa, Vladimir Osechkine, es más conocido que ella.
Tras destapar varios escándalos de corrupción, pronunció un controvertido discurso ante el parlamento ruso, la Duma, que le valió una acusación por traición. Era 2015, abandonó el país y se refugió en Francia. Fue el momento en el que todo se torció para Olga. «Durante los meses siguientes, destacados miembros de la red y yo misma fuimos vigilados e interrogados por el servicio de inteligencia ruso, FSB, sobre el paradero de Osechkine, y la financiación y funcionamiento de gulagu.net. Querían acabar con la página», contó a la instructora en videoconferencia desde Irún, según la documentación a la que tuvo acceso ABC.
«Fui interrogada en múltiples ocasiones en la llamada ‘Dirección de Servicios para Controlar y Verificar las Actuaciones de los Defensores de los Derechos Humanos’ del FSB. Me obligaron a firmar declaraciones falsas», explicó. Cuando se negó le cayó la causa por drogas y en su tercera vista oral perdió el conocimiento. Había tenido un aborto. «Pasé dos días incomunicada sin abogado y forzada a confesar mi culpabilidad bajo tortura. Su objetivo, según no dudaron en decirme abiertamente, era meterme en prisión». Era febrero de 2016, estaba embarazada. Fue procesada y puesta a disposición del Tribunal de Dorgamilovo con una petición de diez años de cárcel. En la tercera sesión de la vista, se desmayó. En el hospital le comunicaron que había sufrido un aborto.
«Temí seriamente por mi vida, la de mi marido y mi hijo pequeño y decidí huir de Rusia (…) Llegué a Francia en febrero de 2017. En abril solicité el asilo político y a principios de 2018, la Oficina de Protección me otorgó el status de refugiada», explicó a la juez española, con una súplica: dejarla marchar. «Si me extraditan a Rusia, sin duda, me encarcelarán en razón de esta causa penal falsa controlada por el FSB para neutralizarme políticamente y en prisión, volverán a someterme a tortura y tratos inhumanos hasta arrancarme las calumnias que deseen contra mis compañeros de gulagu.net», declaró.
La ficha de Interpol
El asilo en Francia habría bastado para que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional frustrase la petición de extradición, pero entre tanto, esta mujer habría debido seguir en España. Sin embargo, las gestiones del despacho de abogados dieron fruto antes de llegar a ese filtro: «Tras su correo de 6 de enero de 2021, le informamos de que la Comisión ha procedido a realizar los controles requeridos y que en la actualidad, su cliente no tiene ninguna noticia ni difusión de Interpol», decía una comunicación desde Francia. Se había suprimido la búsqueda dictada por Rusia ante la constatación de que se trataba de una refugiada, información que Interpol hasta entonces no tenía. No hay comunicación.
Tardón archivó por ello el caso y la dejó en libertad. «De lo actuado se desprende, tal y como informa Interpol España de fecha 23 de febrero de 2021 que las Autoridades de Rusia ya no están interesadas en la entrega al haber cesado la vigencia de la difusión de solicitud de extradición», decretó la juez.
Falta de comunicación Interpol no tenía constancia de su condición de refugiada y mantenía la reclamación de Rusia