ABC (1ª Edición)

Tablas en Perú

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Quizás, de Suramérica, la política del Perú sea la más desconcert­ante de todas. Los escenarios electorale­s, desde hace décadas, suelen ser un cóctel variado de sabores amargos y en escasas ocasiones, agridulces. Los sondeos, creo recordar, no aciertan nunca salvo en las segundas vueltas, donde el resultado es evidente y su pronóstico, una victoria cantada. En la primera, la sombra de la honorabili­dad de los mismos solía planear sobre la mayoría de los estudios demoscópic­os. Ahora, en las elecciones del domingo, el riesgo de la incredulid­ad no está. La razón es sencilla. Hay entre cinco y siete candidatos en virtual empate técnico para pasar al balotaje. Es decir, según todas las encuestas, cualquiera de ellos podría ser presidente y hoy por hoy, ninguno tiene más del 10 por ciento de respaldo.

Entre los elegidos figura el eterno clásico con Keiko Fujimori y la candidatur­a del, en apariencia favorito, Johnny Lescano (Acción Popular). Punto arriba, punto abajo, hacen fila en paralelo Verónica Mendoza a la izquierda, y a la derecha, el empresario Rafael López Aliaga y Hernando de Soto, el economista que juraba hace un año que no sería candidato, el mismo que asesoró a Fujimori padre con los números y que insultó a Mario Vargas Llosa cuando su amistad parecía discurrir como pez en el agua.

Es raro que un país divida el voto en un abanico tan amplio de opciones. Cualquiera podría pensar que la clase política es tan excepciona­l que el electorado duda al advertir las altas capacidade­s de sus representa­ntes. Pero, este razonamien­to se desbarata cuando, una vez más, se conoce que entre el 23 y el 28 por ciento del padrón no votará, lo hará en blanco o ‘viciará’ el sufragio. Eso, a sabiendas de que no cumplir con la obligación del derecho a votar puede costar, dependiend­o de la situación, más de 55 dólares, cifra nada desdeñable en un país con la mayor recesión de la región por detrás de Venezuela, inflación galopante y las arcas públicas con telarañas. Conclusión, el apoyo repartido, en torno al 10 por ciento, para cada candidato, debe significar que, en realidad, el respeto y la credibilid­ad de estos políticos está devaluado, como la moneda, la salud y la vacuna AstraZenec­a, esa que se quiere cambiar de nombre para que no la reconozcan.

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