Un agrónomo, una enfermera y un abogado dirigen Navantia y sus filiales
➤ El Gobierno lleva al extremo las ‘puertas giratorias’: un filósofo lidera una empresa pública de uranio y un historiador ocupa la presidencia de Renfe
Con el reciente nombramiento del ingeniero agrónomo Ricardo Domínguez como presidente de Navantia, el grupo público de construcción naval perteneciente a la SEPI, se ha cerrado el círculo que se abrió en esta empresa en octubre pasado cuando el abogado Joaquín López y la enfermera Susana Hernández fueron nombrados presidentes, respectivamente, de las filiales Saes y Sainsel. El nombre de estas empresas es desconocido para la mayoría de los ciudadanos porque sus negocios son muy especializados y confidenciales.
Saes está especializada en acústica y electrónica submarina y es la empresa referente en España para tecnología sonar y guerra antisubmarina desde hace más de 30 años. Algunos de sus productos tienen como destino el mercado civil en los ámbitos de seguridad de infraestructuras críticas y buques y de medición submarina con aplicaciones medioambientales, según explica la propia empresa, participada en un 49% por la francesa Thales.
Saes ha formado parte en los grandes programas navales españoles de submarinos, cazaminas y fagatas. También tiene un marcado carácter internacional exportando a diferentes países como Francia, Estados Unidos, Suecia, Chile, Colombia y Kazajistán, entre otros.
Recientemente, ha obtenido importantes contratos con Navantia y Thales en relación con el programa de las fragatas F-110, por los cuales aporta el procesamiento acústico de sonoboyas a este barco y acometerá la fabricación, instalación y pruebas del sonar cilíndrico BMAS de Thales, así como su integración en la sonar ‘suite’, entre otros trabajos. Además, la empresa es una de las que participará en el apoyo del ciclo de vida de los submarinos S-80 y la F-110. Con estos contratos «la compañía consolida su posición en el sector de defensa como empresa referente en tecnología ASW», añade.
Exsenadores socialistas
Pues bien, todo ello está en manos de unos profesionales dirigidos por Joaquín López, abogado que posee un máster en asesoría jurídica de empresas y que fue diputado socialista de
El ‘sueldazo’ de la SEPI
La nueva presidenta de este holding público cobrará 220.000 euros anuales
Enagás, llena de políticos
En su consejo están, entre otros, Hernández Mancha, Isabel Tocino, Ana Palacio, José Blanco y José Montilla
la ahora famosa asamblea de la región de Murcia, así como senador.
También fue senadora por el PSOE Susana Hernández, nombrada presidenta de Sainsel en las mismas fechas en que lo fue su amigo Joaquín López. En este caso, su carrera política comenzó como concejal en el barrio de El Espinardo, en Murcia, de donde pasó al ayuntamiento de esa capital. Profesionalmente es diplomada en enfermería y técnico superior en oncología radioterápica.
El que dirija Sainsel con este currículum no debe de extrañar, ya que la propia María Jesús Montero, titular de Hacienda, ministerio al que pertenece esa empresa a través de la SEPI, es médico y ha tenido cargos de responsabilidad en varios hospitales sevillanos antes de pasar por la Junta de Andalucía.
Sainsel es una compañía de soluciones de ingeniería con gran experiencia en los ámbitos de defensa, vigilancia y seguridad. Participada en un 49% por Indra, cuenta con más de 400 equipos y sistemas instalados en numerosos buques, aeronaves y centros de control para distintos clientes nacionales e internacionales.
Por ejemplo, ha realizado la integración de consolas de sistema de combate para el sistema Aegis de las fragatas F-100 de la Armada española, así como la integración del sistema de combate para los submarinos S-80 en las instalaciones de Lockheed Martin en EE. UU. y de la Armada americana en el CSEDS (Combat System Engennering Development Site).
Si los nombramientos hace seis meses de Joaquín López y Susana Hernández causaron estupor en la industria española, algo parecido ha sucedido con la designación de Ricardo Domínguez como presidente de Navantia, cargo en el que sustituye a Belén Gualda, una ingeniera de Caminos recolocada en la presidencia de la SEPI, donde cobrará 220.000 euros anuales.
Domínguez, que era hasta ahora el director de gabinete de Gualda, es ingeniero agrónomo por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y Montes de la universidad de Córdoba. Posee un MBA y un máster en Big Data aplicado a la dirección y administración de empresas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
La SEPI, holding de empresas públicas perteneciente al Ministerio de Hacienda, subraya que este ingeniero agrónomo «tiene experiencia en gestión pública y privada y ha ejercido puestos de responsabilidad y perfil técnico en la Junta de Andalucía, siendo director general de industrias y calidad y promoción alimentaria, y viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. También fue director del gabinete en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Enusa es otra empresa pública (participada en un 60% por la SEPI) que está cerca de cumplir medio siglo y cuyas actividades son, entre otras, la gestión del suministro de uranio enriquecido a los siete reactores nucleares españoles, el diseño, fabricación y suministro de combustible a centrales nucleares nacionales y extranjeras, servicios de ingeniería, inspección, reparación y transporte de material nuclear y mercancías radiactivas a través su filial ETSA.
Todo ello está dirigido desde 2018 por el valenciano José Vicente Berlanga, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la universidad de Valencia. Ha trabajado en la gestión municipal y autonómica, en los juzgados de menores y ha sido director gerente de la Fundación Deportiva Municipal de Valencia. En el currículum se destaca su «continuo compromiso con la educación y la juventud, incidiendo en la acogida de colectivos vulnerables». Su sueldo en Enusa, unos 200.000 euros al año.
Un poco menos, 172.000 euros, es la retribución de Isaías Táboas, también valenciano y licenciado en Historia Contemporánea. Está a los mandos de Renfe desde hace ya casi tres años. Fue director del Instituto de Ediciones de la diputación de Barcelona y director general de Editorial UOC y de Eureca Media. Táboas, que tiene que gestionar una plantilla de 14.000 personas, ahora deberá hacer frente a la liberalización del transporte ferroviario con la llegada de otros operadores foráneos.
REE (Red Eléctrica) y Enagás, los gestores de los sistemas eléctrico y gasista españoles, respectivamente, son dos de los casos más flagrantes de las ‘puertas giratorias’ durante los últimos año. Aunque la SEPI solo posee el 20% de REE, es quien propone a su presidente, cargo en el que se han alternado exministros y políticos del PSOE y del PP.
Exministra por exministro
Actualmente está al frente Beatriz Corredor, abogada y registradora de la propiedad –como Mariano Rajoy–. Empezó de concejal en el ayuntamiento de Madrid y llegó a ser ministra de la Vivienda con Rodríguez Zapatero. Presidenta y directora de la fundación Pablo Iglesias, dejó su puesto de diputada en enero de 2020 «por motivos personales». Casualmente, solo un mes después fue elegida para sustituir en REE al también exministro socialista Jordi Sevilla, que dimitió por su mala relación con la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. El sueldo de Corredor supera los 500.000 euros anuales.
El consejo de administración de Enagás (la SEPI, 5%) está trufado de expolíticos, como el abogado y expresidente de Alianza Popular, Antonio Hernández Mancha; la exministra popular y eurodiputada Ana Palacio; la exministra Isabel Tocino –abogada y con un doctorado en Derecho Nuclear–; el exministro socialista Pepe Blanco; el exministro y expresidente de la Generalitat, José Montilla; y el asesor de Unidas Podemos, Cristóbal José Gallego, profesor asociado en la universidad Politécnica de Madrid en el departamento de Aeronaves y Vehículos Espaciales. Cada uno de ellos cobra una retribución de 160.000 euros anuales.