El primer intruso de los ERE
Garrido Santoyo, el socialista que dio origen al mayor caso de corrupción en España, es procesado diez años después
AAntonio Garrido Santoyo, exsecretario de Política Municipal del PSOE en Baeza (Jaén), le tocó la lotería en 2007. Ese año su amigo Juan Lanzas le hizo el favor de su vida: lo introdujo como polizón en un ERE presentado por la empresa Mercasevilla con la connivencia de sus directivos. Lanzas era el ‘señor Lobo’, como el célebre personaje de Tarantino, un intermediario ante la Junta de Andalucía que ganaba billetes como «para asar una vaca» –según bromeó su madre– gracias a las suculentas comisiones que cobraba resolviendo los problemas de las empresas que necesitaban aligerar sus plantillas. Garrido no había trabajado nunca para la sociedad que lo prejubiló, pero a los directivos de la lonja sevillana eso no les importaba porque la que pagaba era la Administración.
El amigo de Lanzas, que entonces tenía 52 años, firmó una póliza por la que iba a cobrar 441.961,27 euros desde el 1 de noviembre de 2007 hasta el 31 de marzo de 2035. Según un atestado de la Guardia Civil cada mes la aseguradora ingresaba en su cuenta corriente 5.676 euros, en virtud de los ‘ilícitos’ compromisos adquiridos por la Junta. El dinero salía de la ayuda de 6,9 millones de euros con la que el Gobierno socialista de Manuel Chaves financió el ERE de Mercasevilla en 2007. Cuatro años antes, le había concedido a la lonja otra ayuda de 5,6 millones para sufragar más despidos.
Pero el retiro dorado del que disfrutaba este prejubilado natural de Baeza se esfumó como un espejismo en el desierto. Mediado el mes de diciembre de 2010, su nombre salió a la luz pública entre el listado de falsos trabajadores subvencionados de Mercasevilla. Se convirtió en el intruso número uno del caso ERE, que desataría un cataclismo en el PSOE, que había gobernado Andalucía durante casi 37 años. Por este fraude fueron condenados los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
La aparición en escena de este exdirigente local socialista, cuando la juez Mercedes Alaya investigaba las irregularidades en Mercasevilla, dio origen al mayor caso de corrupción investigado en Andalucía con la apertura de unas diligencias previas el 19 de enero de 2011. Garrido fue el primero de cientos de intrusos incluidos en ERE de empresas subvencionadas con un sistema de ayudas «arbitrario e injusto» que repartió sin control 680 millones entre 2000 y 2009.
A un paso del juicio
Diez años y tres meses después de que Alaya empezara a desenrollar el ovillo de los ERE, Antonio Garrido Santoyo está a un paso de sentarse delante como acusado ante un tribunal para aclarar cómo se coló en el ERE de Mercasevilla. Hasta ahora ha guardado silencio. Sólo habló cuando su nombre había salido a la palestra vinculado al fraude. En un escueto comunicado reconoció que jamás había tenido relación con Mercasevilla y que la única empresa para la que había trabajado durante 27 años era la cooperativa agraria Aceites Coosur.
El juez instructor que se ha hecho cargo del sumario, José Ignacio Vilaplana, ha acordado su procesamiento junto a diez personas más por supuestos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental. Fue en Coosur donde Garrido conoció al exdirigente de UGT Juan Lanzas. Él era el presidente del comité de empresa de la planta de Puente del Obispo de Jaén y secretario de Administración de UGT en Sevilla, según recoge el magistrado en el auto. Este hijo de campesino y hermano de guardia civil, al que todo el mundo llama Garri en su pueblo, tenía dos carnés: el del PSOE, partido del que fue expulsado tras verse salpicado por el caso ERE, y el del Baeza C.F.
Dos veces prejubilado
Garrido se prejubiló dos veces. En 1999 la Seguridad Social había accedido a su retiro porque la emisión de gases de la aceitera le había causado asma. Ocho años después, lograría otra renta a costa de la Junta por el ERE de Mercasevilla donde el propio Lanzas trató de incluirse para «cobrar las elevadas gratificaciones iba a percibir por su intermediación». Si éste no acabó también prejubilado, no fue por un súbito ataque de escrúpulos, sino porque el exdirectivo de Mercasevilla Fernando Mellet temía que la pista del conseguidor condujera hasta la lonja y terminara comprometiéndole.
El ‘falso’ prejubilado Garrido Santoyo fue administrador de la sociedad Canal Baeza y La Loma, a la que el exconsejero Gaspar Zarrías concedió una licencia de canal de televisión digital terrestre en 2008. Su empresa tuvo en 2007 tratos comerciales con Maginae Solutions, la firma donde figuraba como testaferro el cuñado del conseguidor de los ERE.
En el auto del pasado lunes, el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra once personas. Además de Garrido y los exdirectivos Mellet y Daniel Ponce, están investigados tres exresponsables de la consultora Vitalia; Juan Lanzas; su antiguo asesor fiscal, y tres administradores de empresas pantalla en las que figuraban testaferros o hombre de paja del conseguidor de ayudas. Su misión era emitir facturas falsas para justificar trabajos inexistentes y desviar así fondos públicos. Los servicios prestados a Mercasevilla eran tan ficticios como la fingida relación laboral con esta empresa del intruso número uno del caso ERE.