El CGPJ afronta dividido un posible recurso al TC contra la reforma que lo amordaza
CINCO VOCALES BUSCAN APOYOS PARA INTERPONER UN CONFLICTO DE ATRIBUCIONES
Pese a la inicial beligerancia del CGPJ con Ejecutivo y Legislativo por la ley que limita sus funciones, el Pleno del Consejo afronta hoy fracturado su respuesta a la ofensiva contra el Poder Judicial.
Pese a haber respondido con contundencia al Ejecutivo y al Legislativo durante la tramitación de la reforma que recorta sus atribuciones, la entrada en vigor de esa ley, el pasado 29 de marzo, ha situado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un escenario nuevo. A veinticuatro horas del inicio del Pleno que va a estudiar la posible reacción de este órgano ante lo que hace apenas unas semanas se calificaba de ataque a la independencia judicial, no hay unanimidad sobre si se quiere mover ficha. Ni siquiera está claro que haya la mayoría necesaria (11 de los 21 vocales) para interponer un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional (TC), la única herramienta de la que dispone el órgano de gobierno de los jueces para cuestionar su reforma dentro de España.
El hastío después de siete años y medio de mandato –que debería haber finalizado en diciembre de 2018–, las expectativas que tiene cada vocal (de uno y otro signo) una vez renovado el órgano y el deseo de la izquierda judicial de no entrar en el «cuerpo a cuerpo» con el partido que les ha propuesto –inevitable si se le deja en evidencia ante el TC– han condicionado una división que va más allá de «bloques ideológicos».
Salvo contadas excepciones, que encarnan los vocales que nunca han visto injerencias del Legislativo –entre ellos, el exdiputado socialista Álvaro Cuesta–, juristas y togados se muestran molestos con el recorte de funciones impuesto por los partidos que sustentan el Ejecutivo, entre ellos los nombramientos. Cuestión distinta es la forma en la que, a su juicio, tiene que expresarse ese malestar. Y es que, como ya informó ABC, una buena parte de esos vocales siempre ha preferido que sean otros –partidos políticos o asociaciones judiciales– los que pongan en evidencia la paralización de la actividad del Consejo que supone esta reforma. Hasta 2.500 jueces lo hicieron la semana pasada en una carta a la Comisión Europea.
El informe jurídico que el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, encargó al gabinete técnico sobre el alcance de la nueva ley ha puesto al órgano en una situación más comprometida si cabe, pues da luz verde a que se interponga ese conflicto de atribuciones al TC al entender que hay limitaciones que afectan al núcleo competencial que la Constitución reserva al Consejo. Cinco vocales conservadores llevarán esta propuesta al Pleno que se celebra hoy. Y pedirán también que se informe a la Red Europea de Consejos de Justicia de lo que esta reforma implica.
Vocales del sector conservador, cuyo apoyo sería necesario para sacar adelante la iniciativa, creen que tendría pocos efectos prácticos y que la única apuesta segura, y con menor coste para la institución, es dejar en manos de los partidos el planteamiento de un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma, algo que tienen intención de hacer PP, Vox y Ciudadanos.
En el fondo hay cierta sensación de que la renovación está cerca y de que no merece la pena asumir el coste personal (y también para la institución) que supondría agotar el último cartucho. De ahí que los partidarios de ir al TC se muestren pesimistas ante la reacción del Consejo en el Pleno de hoy.