El CGPJ pospone su decisión sobre ir al TC ante la falta de apoyo interno
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió ayer posponer una semana su decisión sobre si plantea ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones tras la reforma que limita sus funciones. Los vocales, que no llegaron a votar esta iniciativa –tras constatar que no estaba «suficientemente armada»–, han quedado convocados a un pleno extraordinario para el próximo viernes.
Pese a que el informe de los letrados del Consejo allanó el camino para llevar la nueva regulación al Tribunal Constitucional, no todos los vocales son partidarios de activar la única herramienta con la que cuenta el órgano de gobierno de los jueces dentro de nuestras fronteras. Como informó ayer ABC, la reacción del Consejo durante la tramitación de esta reforma a lo largo del último trimestre del año en defensa de la independencia judicial dista mucho de la postura que está manteniendo en las últimas semanas. Hay vocales que no ocultan su deseo de que sean otros, y no la propia institución, la que reaccione ante lo que las asociaciones judiciales califican de «atropello».
Fuentes del CGPJ señalaron que el debate de ayer, que se prolongó durante varias horas, fue más jurídico que político, y en él se puso de manifiesto la necesidad de articular un texto cerrado con los argumentos que se expondrían ante el Tribunal Constitucional, una misión que se ha encomendado a los cinco vocales que llevaron esta iniciativa al pleno de ayer y al que podrían sumarse más apoyos en los próximos días. No obstante, entre que los vocales vinculados a la izquierda judicial no comparten esta iniciativa y que otros consideran que no es el camino idóneo –por cuanto el conflicto de atribuciones se basa «en una usurpación de funciones y no en una supresión»– no parece que vaya a ser fácil recabar los once votos necesarios para sacarla adelante.
«Legal y necesario»
Por otra parte, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha enviado una carta al CGPJ en la que recuerda que el órgano «tiene toda la legitimidad» para continuar con el proceso de nombramientos que ya estaba iniciado cuando la reforma que los prohíbe entró en vigor. En la misiva, a la que ha tenido acceso ABC, Jorge Fernández Vaquero apunta que esa reforma no tiene carácter retroactivo, por lo que el Pleno puede seguir adelante con todo lo iniciado antes, como la cobertura de plazas en distintos tribunales. Proseguir con esos nombramientos es «legítimo, legal y necesario», señala el magistrado.