OFICINA DE CHAPUZAS NORMATIVAS

En el seno del Gobierno se reconoce que el decreto de ayudas europeas es un despropósito en técnica jurídica, pero a Sánchez lo único que le importa es el control de esos 140.000 millones

LAS advertencias hechas al Gobierno por su propia Oficina de Calidad Normativa, una subsecretaría dependiente de la vicepresidenta Carmen Calvo, y cuya finalidad es velar por que las normas estén correctamente redactadas y no generen confusión e inseguridad jurídica, cayeron en saco roto a la hora de que Moncloa aprobase su decreto de ayudas europeas por valor de 140.000 millones. El decreto, a decir de esa Oficina, es una auténtica chapuza repleta de contradicciones legislativas, discordancias jurídicas y errores ortográficos. La Oficina avisó convenientemente en tiempo y forma a la vicepresidencia del Ejecutivo del cúmulo de errores y de la confusión que el texto iba a generar, y sin embargo Calvo hizo caso omiso, y se aprobó finalmente con numerosos errores sin corregir.

En este caso, las cuestiones de fondo son esenciales porque en el futuro generarán una preocupante falta de claridad en su interpretación. No es de recibo que el mismo texto aluda de varias maneras al mismo fondo europeo. Por ejemplo, «mecanismo para la recuperación y resiliencia», «mecanismo de recuperación y resiliencia» o «instrumento europeo de recuperación». Desde una perspectiva lingüística es un disparate carente de sentido, pero lo más grave es la confusión que puede llegar a generar. Por eso la Oficina determinó que «la identificación clara, precisa y unívoca es necesaria para mantener la seguridad jurídica». Otro despropósito legislativo se basa en que el mismo decreto establece dos ámbitos distintos de aplicación, cuando en realidad la previsión legal es que sea uno. No es lo mismo sostener que la normativa es aplicable «a cualesquiera de las entidades del sector público», como dice en el articulado, que afirmar en una disposición final que «solo es de aplicación al sector público estatal». Es incoherente y contradictorio, y podría llegar a afectar seriamente al proceso de agilización de concesión de ayudas, cuando no a conculcar directamente competencias de las comunidades autónomas. De igual modo, no queda claro si será una «comisión» de La Moncloa quien decidirá exclusivamente el uso y destino de las ayudas, o si lo hará un «comité técnico», que es realmente a quien el decreto faculta para ello. Y no se determina tampoco con claridad si esa comisión y/o comité se crean para aprobar «orientaciones» o para «aprobar directamente las referidas ayudas». La Oficina exigió por razones obvias una redacción «inequívoca» al respecto, y nada se modificó. Al margen quedan errores ortográficos absurdos e impropios de un mínimo aseo técnico-legislativo.

Estas carencias podrían resultar anecdóticas si no fuera porque lo que está en juego es la gestión, reparto y adjudicación de 140.000 millones de euros en seis años. Ya advirtió muy recientemente el Consejo de Estado de las muchas carencias de ese decreto, y el Gobierno trató de ocultar ese informe para eludir el escándalo. Ahora, la chapuza ha sido detectada desde el mismo seno del Gobierno. En el fondo, este desprecio por la técnica y el rigor legislativo demuestra que a Sánchez solo le importa tener un control absoluto sobre el dinero. Lo demás es secundario. Lo advirtió la oposición: el objetivo es convertir La Moncloa en un núcleo de poder sin control ni fiscalización posible de sus decisiones, para otorgar adjudicaciones a dedo a quien Sánchez decida y cuando decida. Es lógica la indignación de las comunidades y de los ayuntamientos, muchos de ellos del PSOE. Sánchez cree que ese dinero es un rescate a su proyecto ideológico para España y no una ayuda esencial para sacarnos de una recesión agónica.