La justicia española se examina ante Europa
La entrevista de los funcionarios de la Comisión Europea a las asociaciones judiciales, este viernes, abordará la ofensiva política que está pervirtiendo las bases de la confianza ciudadana en la independencia del Poder Judicial
Ataque al Poder Judicial
Las asociaciones creen que contextualizar las reformas ayudará a Europa a entender las injerencias
Conexión Gobierno-Fiscalía
Mostrarán su preocupación por la ley que da la llave de la justicia penal a la Fiscalía sin blindarla primero
No es la primera vez que la Comisión Europea examina la calidad del Estado de Derecho en los países miembros de la Unión, pero sí es la primera en la que España se encuentra en una situación tan comprometida, con la imagen de independencia del Poder Judicial por los suelos y los jueces en pie de guerra por las injerencias de Ejecutivo y Legislativo.
Las entrevistas que esta próxima semana mantendrán funcionarios europeos con representantes de órganos, asociaciones e instituciones de nuestro país –en el marco del informe anual que la UE viene elaborando desde 2019– sacarán a la luz las miserias de un sistema judicial víctima de una ofensiva política que está pervirtiendo las bases de la confianza ciudadana en una justicia verdaderamente imparcial e independiente.
La carta de 2.500 jueces a la Comisión Europea alertando del riesgo de violación del Estado de Derecho en España no es más que el inicio de una campaña en la que piensa emplearse a fondo más de la mitad de la carrera judicial, encarnada en las tres asociaciones que suscribieron esa misiva, pero también en otros togados, que sin estar vinculados a ellas, han mostrado su apoyo
y la necesidad de decir «basta».
Lejos de avanzar hacia la necesaria independencia judicial que se viene reclamando desde hace años por Europa, al ya consabido reparto del pastel del CGPJ y al aterrizaje de una exministra de Justicia directamente en la Fiscalía General del Estado, Europa tendrá que sumar a su informe las últimas reformas que han puesto en marcha PSOE y Unidas Podemos para tomar el Poder Judicial.
Una de ellas ya ha sido retirada, pero los efectos de la otra pueden ser demoledores para el normal funcionamiento de la Administración de Justicia si el CGPJ no se renueva ya. Lo que inicialmente parecía una estrategia de presión para que el PP se sentara a negociar –algo que se desenvolvía en el terreno político– va a terminar afectando a ciudadanos cuyos derechos dependen de la decisión de órganos que se van a quedar en cuadro, pues el CGPJ no puede seguir haciendo nombramientos.
La paciencia de un colectivo que nunca había sido especialmente beligerante se está agotando y no piensa dejar pasar la oportunidad– y menos ahora que Europa se ha fijado en nosotros– de denunciar las intromisiones en la composición de su órgano de gobierno y conseguir que al menos los doce vocales de procedencia judicial que componen el CGPJ (los otros son ocho juristas) sean elegidos por la propia carrera. Es el objetivo último de su batalla y lo que Bruselas ha aconsejado a España –después de que lo haya hecho también el Consejo de Europa– para acercarse a los estándares democráticos de los países de la Unión.
El sistema de elección de los vocales del Consejo que los jueces reclaman no es nuevo. Partidos como Ciudadanos llevan muchos años defendiéndolo, e incluso se ha traducido en proposiciones de ley similares a la que el PP ha presentado recientemente, pero por unas u otras circunstancias, en el fondo porque no ha habido un verdadero interés –o quizá ha habido demasiado–, no han llegado a salir adelante.
Para los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente (Jueces para la Democracia se ha desvinculado de iniciativas que antaño compartía) este es el meollo de la cuestión y lo que quieren trasmitir a los funcionarios de la Comisión Europea el próximo viernes.
Les dirán que su preocupación ante las reformas que ha puesto en marcha el Ejecutivo y los partidos que lo sustentan no pueden entenderse de forma aislada, sino que su gravedad se explica en un contexto: el de un sistema que abre la puerta a las injerencias políticas en dos instituciones que desempeñan las más importantes funciones de dirección en materia judicial: el CGPJ y la Fiscalía General del Estado.
Reunión virtual
La designación de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, el reparto de cuotas, el cuestionamiento del mérito y capacidad en los nombramientos o cómo el Gobierno ha extendido su influencia directa a la Fiscalía General del Estado son algunos aspectos que los representantes de los jueces quieren tratar en esa reunión virtual a la que ha abocado la pandemia.
También denunciarán que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal da la llave del acceso a la justicia penal a la Fiscalía sin que se hayan retocado los mecanismos para blindar su actuación. Este cambio de modelo procesal se da en un momento especialmente delicado, pues nunca antes había aterrizado en la Fiscalía General un ministro sin solución de continuidad. El modelo, estructura, medios y garantías de imparcialidad que se van a poner en marcha para evitar suspicacias y, lo que es más importante, injusticias, es algo que a día de hoy sigue siendo una incógnita.
Las asociaciones no creen que denunciar esta situación fuera de nuestras fronteras suponga echar piedras contra el tejado de España. Más bien al contrario: la ven como una oportunidad para hacer justicia.