La denuncia contra Colau salpica a Podemos en el Congreso
∑ Piden imputar a tres cargos más, entre ellos los diputados Asens y Pisarello
Más problemas para Ada Colau. La asociación que presentó el pasado 2 de marzo una denuncia contra la alcaldesa y cinco estrechas colaboradoras suyas por irregularidades en la concesión de subvenciones a entidades afines presenta esta mañana una ampliación de la misma. El entramado de asociaciones, subvenciones a dedo y entidades que sirven de trampolín para acceder a la administración, en entredicho.
Si a raíz de esta denuncia la Fiscalía Provincial de Barcelona ya aceptó abrir una investigación por los supuestos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias –tal y como adelantó en exclusiva ABC–, la entidad Abogados Catalanes por la Constitución amplía ahora el foco, y entiende que los denunciados deberían ser también imputados por un delito de pertenencia a organización criminal o grupo criminal. Así lo apunta en la denuncia «a la vista de la existencia de una red de personas organizada, jerarquizada, con cometidos concretos dentro de un organigrama, permanente en el tiempo, y en la que cada individuo tiene una misión y trabaja en sentido concreto».
Del mismo modo, y además de ampliar la tipología de los delitos, la denuncia reclama también que se investiguen al actual concejal Eloi Badia, edil desde 2015; a Gerardo Pisarello, concejal y primer teniente de alcalde entre 2015 y 2019, y ahora diputado y miembro de la Mesa del Congreso; y a Jaume Asens, concejal y tercer teniente de alcalde entre 2015 y 2019, y en la actualidad también diputado en las Cortes, donde ejerce como presidente del Grupo
Confederal de Unidas Podemos. Las presuntas irregularidades en el entorno de Colau salpican ahora directamente al entorno de poder más vinculado a Podemos y a su líder, Pablo Iglesias.
Estos tres nombres –Badia, Pisarello y Asens–, figuras relevantes del grupo municipal que sustenta a Colau y ahora con importantes responsabilidades en el Congreso, se suman a las ya denunciadas e investigadas por la
Fiscalía: la concejal Laura Pérez, las exediles Laia Ortiz y Gala Pin, la asesora municipal de vivienda Vanesa Valiño –que a su vez es la pareja de Pisarello–, así como la actual directora del Observatorio Desc, Irene Escorihuela. Los denunciantes piden investigar también las contrataciones de otros cargos vinculados a Desc.
Todos ellos tienen o han tenido una relación relevante con la citada entidad, el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el ente al que el Ayuntamiento de Barcelona ha nutrido con cuantiosas subvenciones ahora investigadas por la Fiscalía, y que a la vez ha sido el trampolín desde el que han saltado a la estructura municipal numerosos cargos y excargos de los comunes, incluyendo la propia alcaldesa y los arriba denunciados.
«Entramado ideológico»
Subvenciones a dedo Abogados Catalanes por la Constitución amplía la denuncia por la concesión de ayudas ilegales
En su ampliación de denuncia, Abogados por la Constitución recuerda que en el entorno de Desc, dedicada a la defensa de los derechos sociales principalmente relacionados con la vivienda y la energía, pivotan «numerosas entidades vinculadas al entramado ideológico de Ada Colau y de Barcelona en Comú», y que comparten sede en el mismo domicilio de la calle Caspe de la capital catalana.
En el texto que hoy se remite a la Fiscalía, los denunciantes reclaman que se investigue si las personas citadas, como integrantes de los órganos de decisión municipales, incluida la Comisión de Gobierno, «cumplieron con su deber de abstención». La entidad reclama investigar si así fue o, por contra, «aunaron sus intereses» como miembros o antiguos miembros de la asociación con la administración que le concede las ayudas.
La denuncia recuerda, además, las sospechas de otras posibles irregularidades, como el carácter recurrente y no excepcional de las ayudas, así como la no justificación del interés público. La denuncia apunta igualmente que la Intervención municipal ya señaló deficiencias en la concesión de subvenciones a Desc: solo en el periodo 2016-18, la entidad recibió 336.259 euros de subvención sin presentarse convocatoria alguna, dedicando además el 73% de esta cifra a retribuciones de personal, lo que es irregular.
La ampliación de la denuncia, que se incorporará a la investigación ya abierta por la Fiscalía de Barcelona, no es el único varapalo recibido por la alcaldesa en los últimos días. Sin ir más lejos, como apuntó ‘El Mundo’, la pasada semana se supo que el Tribunal de Cuentas investiga las subvenciones de 875.000 euros concedidas a entidades dedicadas a promover la remunicipalización de los servicios de abastecimiento de agua.