El principal alcalde de Ciudadanos en Madrid, investigado por corrupción
El regidor de Valdemoro tiene dos causas abiertas y ha sido citado a declarar Sergio Parra, que va en la lista de Bal, ha contratado 28 millones de euros a dedo Empresa pública
Tras las pasadas elecciones municipales en la Comunidad de Madrid Ciudadanos logró diez alcaldías, la más importante la de Valdemoro, municipio del sur con 75.000 habitantes y en el que la trama Púnica de Francisco Granados desarboló al PP. Ahora, dos juzgados de la localidad han abierto diligencias contra el actual alcalde, Sergio Parra, de Ciudadanos, y dos de sus concejales, Raquel Cadenas y Virgilio Velayos, por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Según ha confirmado ABC en fuentes oficiales, en uno de los casos el regidor ya ha sido citado a declarar en condición de investigado, la actual figura jurídica del imputado. El código ético de su partido sostiene que el cargo público investigado por corrupción –la prevaricación y la malversación de dinero público son delitos ahí enmarcados– debe dimitir.
El alcalde de Valdemoro no lo ha hecho pese a que la imputación se produjo hace tres semanas sin que trascendiera. El auto en el que se le cita a declarar como imputado –junto al concejal Velayos– el próximo 1 de junio fue dictado el pasado 5 de abril. Sergio Parra, que no ganó los comicios, pero tiene el apoyo de Vox y PP, figura en las listas de Cs a la Asamblea de Madrid, que lidera Edmundo Bal, en el número 55.
Esta causa nace de una querella presentada por el portavoz socialista, Serafín Faraldos, contra el alcalde y el concejal delegado de Economía, Empleo, Hacienda, TIC, Contratación y Sanciones, Virgilio Velayos, por prevaricación y malversación de caudales públicos.
Facturas de 850.000 euros
La denuncia, de diciembre del año pasado, relata que el Ayuntamiento está pagando facturas de más de 850.000 euros mensuales por el servicio de recogida y gestión de basuras, mantenimiento de alumbrado, limpieza urbana y conservación de los pavimentos pese a no haber sacado el contrato a licitación pública. El contrato venció y el anterior alcalde, el citado Faraldos, firmó un decreto solicitando la continuidad de esos servicios por «estricta necesidad». Llegaron las elecciones municipales de mayo de 2019 y el cambio de corporación y nada se licitó. Así el Ayuntamiento ha pagado a la empresa FCC alrededor de 20 millones de euros. La querella sostiene que «la contratación no estaba sostenida en tramitación previa legal alguna, sino de modo verbal», a cambio de las citadas facturas mensuales, sin que la oposición sepa los criterios aplicados para la valoración y habiendo desdeñado, presuntamente, la ley de contratos del sector público.
A lo largo de 2019 FCC facturó por esta vía casi 7,8 millones de euros, que se suman a los 3,4 millones girados entre enero y abril de 2020, recogidos en la querella. Si se tienen en cuenta las cantidades facturadas hasta la fecha actual, el total superaría los veinte millones de euros. Todo esto se hizo pese a que la Intervención General del Ayuntamiento de Valdemoro emitió una serie de informes en los que mostraba su disconformidad.
Así, el pasado 5 de abril el titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 6 de Valdemoro, Javier Corral, dictó un auto en el que aseveraba que «los hechos hacen presumir una posible infracción penal», motivo por el que citaba al alcalde y al concejal a declarar en condición de investigados el próximo 1 de junio. El magistrado también solicitó al Ayuntamiento que le remitiera una serie de documentos sobre los pagos en cuestión.
Por otro lado, el pasado 10 de marzo, la juez María José González Ovejero, titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 1 de Valdemoro, admitió a trámite otra querella del grupo municipal socialista y libró un oficio al Ayuntamiento para que le remitiera varios expedientes de contratación.
En este caso los querellados son el ya citado alcalde, Sergio Parra, y la primera teniente de alcalde, concejal de Urbanismo y presidenta de la empresa pública Gesvival, Raquel Cadenas, por la comisión de un presunto delito continuado de prevaricación administrativa. La teniente de alcalde también figura en la lista electoral, en el 121.
En cuanto a los hechos denunciados por el PSOE, se trata de un presunto fraccionamiento de las adjudicaciones públicas que hace la citada sociedad municipal, en contratos de obra menores de 40.000 euros y de servicios y suministros por debajo de 15.000, de tal forma que no hay que sacarlos a concurso público. La denuncia cita varios casos, como la reforma de unas instalaciones deportivas municipales, que se hizo a través de multitud de pequeños contratos. Otras adjudicaciones versan sobre refuerzos en limpieza, jardinería, colegios públicos y alquiler de camiones de la basura. El total de lo abonado asciende a unos
7,5 millones de euros.