Casi cien detenidos de un clan que extorsionaba a comerciantes y empresarios
La mafia intensifica su actividad en tiempos del Covid, gracias al control que ejerce sobre ciertos territorios. Lo demuestra la gran operación policial realizada ayer en Bari, capital de la región de Apulia, en el sur del país, donde fueron detenidas 99 personas (96 en prisión y tres en arresto domiciliario). Los detenidos, jefes mafiosos y afiliados al clan Strisciuglio de Bari, son acusados de asociación mafiosa, tráfico de drogas y armas, extorsión, daños y peleas por conflictos con otros grupos criminales. Entre los detenidos se encuentran los hijos del ‘boss’ del clan Lorenzo Caldarola, Francesco e Iván, y Antonio Busco, considerado uno de los suministradores de drogas.
En la orden de detención, firmada por la juez del tribunal de Bari Giovanni
Anglada, se especifican, entre otros, los motivos del arresto: «En los distritos donde se encuentra activo, el clan Strisciuglio ejerce un asfixiante control del territorio, que se manifiesta a través de la extorsión ejercida en perjuicio de numerosos pequeños empresarios y artesanos, que tienen sus propias actividades e instalaciones de producción en esas áreas: obras de construcción, comerciantes, playas de baño, actividades de restauración, eventos recreativos y conciertos».
Entre otras actividades delictivas, el clan Strisciuglio gestiona la ocupación de las casas populares y exigía a los comerciantes y pequeños empresarios el ‘pizzo’ (una cantidad fija de dinero, cobrada periódicamente a cambio de una supuesta ‘protección’ o por una acción determinada). Por ejemplo, a una joyería exigieron cuatro pulseras por valor de 20.000 como precio de la ‘protección’; al dueño de un bar, 5.000 euros por haber ofendido a la esposa de un afiliado al clan, después de haberle dañado el local y prendido fuego a la puerta de entrada; a una red de prostitución, 10.000 euros para permitirle continuar con la actividad y recibir protección.
Corromper a un juez
Las detenciones se producen dos días después de una noticia que causó cierta conmoción en Italia en relación con la Justicia. En una conversación telefónica interceptada por una investigación antimafia contra el juez de instrucción de Bari Giuseppe De Benedictis, el abogado penalista Giancarlo Chiarello llega a decir a su interlocutor: «Con 30.000 euros me compré al juez de Bari». En el acuerdo entre el abogado Chiarello y el juez De Benedictis, este magistrado a cambio de dinero dictó medidas a favor de personas asistidas por el abogado penalista. Muchas de ellas estaban afiliadas al crimen organizado en Bari y círculos mafiosos. El juez De Benedictis presentó la solicitud de renuncia al cargo después de su detención.