Unos 80 incidentes en los primeros meses del año

El informe de Prisiones da pautas para reducir la conflictividad en los centros; los sindicatos reprochan que no se acompañen de más personal y formación

Los sindicatos de Prisiones están alarmados por la conflictividad dentro de las cárceles. Jorge Vilas, de CSIF, afirma que según sus datos en estos primeros meses del año se han producido 80 incidentes con internos –prácticamente

uno diario–, algunos tan graves como un intento de apuñalamiento de un funcionario en Las Palmas «que no acabó en tragedia por muy poco. En total, cerca de cien compañeros se han visto involucrados en episodios de violencia, y eso sin contar las amenazas verbales que recibimos y que no se recogen en el protocolo de agresiones».

Cifras dispares

Los datos de Instituciones Penitenciarias varían respecto a las cifras de CSIF. Según Prisiones, en 2010 se registraron 475 agresiones a funcionarios, que fueron descendiendo de forma paulatina hasta las 176 el pasado año. En los dos primeros meses de 2021 se han contabilizado 26 agresiones, de las cuales en ocho no se produjeron lesiones, en 17 fueron leves y en un caso graves, siempre según las mismas fuentes. Las cifras de las agresiones se obtienen a partir de los partes que los propios funcionarios agredidos remiten a la institución penitenciaria.

Aun así, y dado que se han producido episodios preocupantes, como el protagonizado por Igor el Ruso en la prisión de Dueñas cuando iba a ser trasladado a Zuera para asistir a su juicio –agredió en ese momento a cuatro funcionarios–, Instituciones Penitenciarias también aprovecha el último ‘Informe Balance en Materia de Seguridad y Tratamiento’ para recordar algunas instrucciones.

Por ejemplo, se recomienda que se lleven a cabo «de forma cíclica prácticas con los útiles, medios, formas y procedimientos» que requieren las intervenciones de los funcionarios ante situaciones conflictivas. Además, aconseja a los responsables de los centros que los funcionarios realicen prácticas «para la óptima utilización de los

distintos medios coercitivos (contenciones mecánicas, esposas o defensas de goma)» y que ofrezcan pautas de actuación ante las resistencias activas y ante las reducciones físicas de los reclusos que protagonicen incidentes, con el objetivo de conseguir «una mayor eficacia y menores riesgos tanto para el personal como para la población reclusa».

Medios de protección

También en el informe se pide que se reitere a los funcionarios la necesidad de manejar de forma adecuada las vestimentas y medios de protección y de seguridad, de tener presente siempre los mecanismos y procedimientos de extinción de incendios y de abordar las situaciones de riesgo y los altercados protagonizados por «personas con hándicaps mentales».

Cuando se considere necesario y cuando hayan acontecido incidentes de relevancia, se recomienda hacer un análisis pormenorizado de lo sucedido, «posibilitando la participación de propio personal que haya intervenido en ellos, al objeto de valorar la posibilidad de adopción de medidas que eviten incidentes futuros de carácter similar». El documento aboga además por la «necesaria colaboración que debe ofrecerse desde las subdirecciones de tratamiento a los profesionales del área de vigilancia, que son los que más contacto directo tienen con los presos.

«Nos hablan de prácticas, cuando la formación está prácticamente suspendida; desde luego, no es continua, y además los cursos se deberían hacer fuera del horario laboral para no quitar funcionarios de los módulos, ya muy escasos, y esas horas se tienen que remunerar», asegura Jorge Vilas.

Además, es ya un clamor entre los trabajadores penitenciarios que aún no se les considere agentes de la autoridad cuando están de servicio, a pesar de que ya hay un acuerdo político para hacerlo. Sin embargo, nunca parece encontrarse el momento para hacerlo, a pesar de ser una medida que no cuesta un solo euro al erario público pero da tranquilidad al funcionario, porque si es agredido el delito que se comete es el de atentado, más penado que la simple agresión.

El informe, además, se refiere a los suicidios y las «situaciones de aislamiento derivadas de los protocolos de Covid-19. Esta circunstancia en ningún caso puede significar un menoscabo en la atención tratamental».

Al respecto, Vilas explica que «cuando hay un brote hay que aislar, y en esas circunstancias, por ejemplo, es imposible controlar a todos, o poner un preso de acompañamiento a alguien, aunque se detecten indicios de que lo necesitan».

Vacío «La administración no reconoce las amenazas verbales y no se recogen en el protocolo de agresiones»