El líder de UP llegará al desenlace del caso Dina sin aforamiento

► Con la renuncia, pierde el escudo ante el horizonte judicial de Podemos

La renuncia de Pablo Iglesias a todos sus cargos lo es también al aforamiento propio de los mismos. El exvicepresidente del Gobierno solo respondía ante el Supremo en aquella calidad y lo habría hecho ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid de haber querido sentarse en el banquillo de la oposición, pero a partir de ahora es un ciudadano como cualquiera y puede acabar investigado por una instancia ordinaria.

Todos los ojos están puestos en la Audiencia Nacional, donde reside la principal espada de Damocles sobre Iglesias: Dina. Es el nombre de pila de la que fue su asesora, Dina Bousselham, y también el de la pieza separada número 10 de la macrocausa sobre Villarejo que se investiga en el Juzgado Central de Instrucción 6, donde las cartas llevan tiempo sobre la mesa.

El juez Manuel García Castellón aprecia indicios de que pudo cometer un delito de revelación de secretos y otro de daños informáticos, además de un tercero de denuncia falsa en todo lo que rodeó la tarjeta del móvil que le robaron a ella, que acabó copiada entre los archivos del comisario y que, en paralelo, pasó por sus manos. De todo ello dio cuenta el juez a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que rechazó su imputación y le pidió más diligencias. Una vez practicadas, debía volver al Supremo si aún veía indicios contra él.

En esa fase está ahora la causa. El juez acordó entregar de nuevo la tarjeta de Bousselham a las fuerzas policiales, que tienen venia para practicar un análisis exhaustivo que acabará destruyendo el dispositivo. Se trata de esclarecer cuándo, cómo y por qué dejó de funcionar. No es tarea sencilla y al informe aún le quedan semanas para ver la luz. Será entonces cuando el instructor haya de dar el siguiente paso. Si sigue las directrices del Supremo, será llamar a la propia Bousselham, pero no se descarta en absoluto, de acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, que también cite a Iglesias, que para entonces ya no estará aforado. El juez ya no tiene que volver a llamar a la puerta del Tribunal Supremo.

Sin embargo, no es el único asunto que toca a Podemos en los tribunales. El nombre de Pablo Iglesias no ha sonado en el conocido como caso Neurona, que solo ha salpicado a cargos administrativos y al responsable de campañas, pero de ese asunto han nacido otras tres causas y dos, a priori, le pueden salpicar: la denuncia de que pudo quedarse con 7.700 euros en costas judiciales de Podemos y la investigación sobre el supuesto uso de una empleada del partido como niñera de su hija con Irene Montero.

Compensación

Pero no todo son problemas. Tal y como informó ayer ABC, a Iglesias la renuncia le supone que podrá seguir cobrando la indemnización de 5.316,42 euros mensuales que recibe desde que abandonó el Gobierno de Pedro Sánchez y que le corresponde por ley: un 80% del sueldo recibido durante el tiempo que ejerciese el cargo y mientras no acceda a ningún otro cargo público o privado. Le quedan unos 13 meses de cobertura.

Además, mientras así lo desee, mantendrá su escolta, que desempeñan policías nacionales y que corresponde a los expresidentes, exvicepresidentes y exministros del Interior que no renuncien a ella.