El TS insta a los presos del ‘procés’ a pronunciarse sobre el indulto
La posibilidad de salir de la cárcel por esta vía divide a los líderes separatistas del 1-O
La Sala Segunda del Tribunal Supremo dio ayer un plazo de cinco días a los doce condenados del ‘procés’ para que presenten las alegaciones que consideren oportunas en relación a las peticiones de indulto que entidades independentistas solicitaron en su nombre. Lo que en realidad no debería ser más que un mero trámite, puede poner a los líderes del referéndum ilegal en un brete político: los presos tienen entre ellos posturas contrarias sobre si aceptar salir de prisión a través de esta vía.
En doce providencias, una por cada uno de los condenados, el tribunal del ‘procés’ acuerda darles esta audiencia dado que el indulto no lo pidieron ellos, sino que fue promovido por terceras personas e instituciones. Se trata del último trámite antes de que los magistrados que los juzgaron y condenaron por sedición, malversación y desobediencia informen sobre esta medida de gracia, a la que la Fiscalía ya se ha opuesto y sobre la que la Abogacía del Estado declinó posicionarse, alegando que solamente le afectaba el delito de malversación y que las responsabilidades de ese delito ya se ventilan en el Tribunal de Cuentas.
Los informes no son vinculantes para el Gobierno a la hora de tomar la decisión que, en todo caso, tiene que ser individualizada, sin que quepa la posibilidad de dar un indulto general. De hecho, durante el segundo semestre del pasado año el Consejo de Ministros no concedió ninguna medida de gracia con los informes de Fiscalía y tribunal sentenciador en contra.
El movimiento del Supremo pone a presos en una situación comprometida, porque les obliga a posicionarse de forma expresa sobre una medida que no han pedido personalmente y sobre la que varios de ellos han renegado (y algunos siguen haciéndolo) en público. Todos prefieren la amnistía –por su naturaleza política y colectiva– al indulto, que tiene un carácter individual y no implica el perdón del delito. Pero mientras algunos, al menos hasta ahora, el indulto lo han descartado de plano, otros lo aceptarían como mal menor para salir de prisión.
Cuixart: «Volveré a hacerlo»
Entre los primeros está el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, que llegó a decir en una entrevista en un digital independentista en diciembre de 2019: «Se lo pueden meter por donde les quepa». Luego, ha ido matizando su postura. También, el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart. El Supremo les ha dado cinco días, pero a él le bastaron unas horas para hacerlo. Primero, a través de su cuenta de Twitter, con un tono desafiante: «¿Qué se han creído? No aceptaremos ninguna humillación. Ni arrepentimiento, ni indulto», escribió en la red social. Y añadía: «Lo hemos dicho en el Supremo, en la calle y en todo el mundo: la defensa de la democracia no admite chantajes. ¡Lo volveremos a hacer! ¡Viva Cataluña libre! No en mi nombre».
Luego, en el escrito presentado ante el Supremo por su abogada, Marina Roig, el líder de la entidad independentista, sin desdecirse sobre el indulto, ya no fue tan contundente. A la pregunta del Supremo, en un tono más mesurado, que nada tenía que ver con su proclama tuitera, la defensa de Cuixart transmitió al tribunal que «como preso político su prioridad no es salir de la cárcel sino la resolución del conflicto político por el que cumple condena, empezando por la amnistía como respuesta colectiva en lugar del indulto como solución individual». Y recalcó en su escrito, y en eso sí fue más claro, «que no podía haber actuado de otra manera atendiendo a su conciencia y su compromiso social, que no hay ningún tipo de arrepentimiento», y, también, «que todo lo que hizo lo volvería a hacer».
Faltan por posicionarse el resto. Algunos, como la exconsejera Dolors Bassa, a diferencia de Cuixart y Junqueras, hace tiempo que dejó claro que aceptaría el indulto: «No soy Mandela. Si puedo salir con un indulto, ¿por qué me tengo que quedar en prisión?».
Por otra parte, el expresidente de la Generalitat Quim Torra aseguró ayer que no pensaba pagar las multas que le impusieron por desobedecer a la junta electoral al no retirar una pancarta independentista del Palau de la Generalitat, causa que le apeó de la presidencia. Le ordenan pagar tres multas que suman 8.500 euros. «Hará falta que me roben ese dinero si lo quieren cobrar», desafió ayer por Twitter.