La Fiscalía desecha la confesión de Bárcenas y pide una condena de 5 años
Confirma la acusación en el juicio por la caja B sin atenuantes para el extesorero
La Fiscalía Anticorrupción avanzó ayer sus conclusiones en el juicio sobre el presunto pago en negro de la reforma de la sede del PP y confirmó que mantiene una petición de condena de cinco años de cárcel para el extesorero Luis Bárcenas. O lo que es lo mismo: de nada sirvieron su escrito de confesión, su supuesto arrepentimiento, la intención expresada de reparar el daño o su supuesto deseo de tirar de la manta. La acusación pública no ha modificado ni un ápice en lo que a él respecta los términos que redactó en 2015, cuando se envió a juicio esta pieza separada, ni tras tres meses de vista oral. Aprecia delitos de apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública sin que haya introducido atenuante alguna por confesión o colaboración.
Aunque será hoy cuando el representante de la Fiscalía Anticorrupción –recién propuesto como número dos de este organismo– Antonio Romeral desarrolle sus razones, en la jornada de ayer fijó posición en un movimiento que suscitaba atención por la enorme polvareda que desató la supuesta confesión de Luis Bárcenas en ciernes del juicio, el pasado mes de febrero. Confirmaba la existencia de una caja B, reconocía sus anotaciones, proclamaba la veracidad de las mismas e implicaba directamente por conocimiento al expresidente del PP Mariano Rajoy. Aquel movimiento motivó que fuese llamado a declarar en el caso Púnica, que se encuentra en instrucción, donde además, ‘disparó’ contra la expresidenta del PP madrileño Esperanza Aguirre. En el partido se hablaba de «la estrategia de un preso» y los más perjudicados por sus declaraciones apuntaban directamente a un pacto bajo cuerda con la Fiscalía. Confesiones a cambio de beneficios penitenciarios. El Ministerio Público salió al paso con una nota en la que negaba cualquier tipo de entendimiento y ponía en cuarentena cuanto afirmase Bárcenas, pero no ayudó a la polémica que el extesorero accediese en pleno juicio a su primer permiso penitenciario. «‘Pacta sunt servanda’», dijo el líder de los populares, Pablo Casado, al trascender que saldría 12 días de prisión.
Por eso, ayer el foco estaba puesto en la posición que mantendría la Fiscalía en la recta final del juicio y si atendería el supuesto gesto de Luis Bárcenas, que durante la vista oral vino identificando nombres, pagos y movimientos de la caja B y reconociendo los hechos por los que estaba sentado en el banquillo. No fue así y, de hecho, sólo una de las acusaciones populares ha tenido en cuenta el gesto. Se trata de Observatori Desc, representada por el letrado Gonzalo Boye, y que ha modificado sus conclusiones provisionales para introducir una atenuante analógica del arrepentimiento tardío en virtud, según dijo, de la declaración prestada en la vista oral.
Unifica repara el daño
En cuanto al resto de acusados, la Fiscalía Anticorrupción sólo ha modificado su posición respecto a los socios de Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén Sánchez, por reparación del daño, pues ya han abonado la responsabilidad civil que según el cálculo del Ministerio Público les correspondía. Se aplica además el concurso medial entre el delito contra la hacienda y el de falsedad por el que están acusados. Pasan así a afrontar en torno a dos años y medio de prisión respecto a los tres años y 10 meses de la calificación inicial.
En cuanto al exgerente del PP Cristóbal Páez, Anticorrupción elevó a definitiva su petición de un año y tres meses de prisión por un delito continuado de falsedad documental y otro contra la Hacienda Pública. El juicio está en la recta final. Desde hoy, las acusaciones elevarán informe y, después, las defensas.