Empresas, trabajadores y la Administración pagarán los ERTE permanentes
El Gobierno quiere tener listo este año el grueso de la reforma laboral, pero se olvida de detallar su derogación
La reforma laboral enviada por el Gobierno a Bruselas compromete el mantenimiento de los ERTE como mecanismo de flexibilidad interna en las empresas alternativo al despido y detalla que esta herramienta de ajuste pensada para periodos de crisis será financiada por empresarios, trabajadores y por la propia Administración.
La idea que se comunica a las autoridades comunitarias es crear un fondo tripartito en el que empresas y trabajadores aportarán la recaudación sobrante por el seguro de desempleo generada durante las épocas de bonanza. Los recursos del Estado llegarían en forma de exenciones en las cotizaciones sociales y también se recurriría a los créditos del fondo de recuperación europeo. «Se trata de disponer de recursos cuando una situación de crisis económica obligue a las empresas a aplicar estos mecanismos de flexibilidad interna», dice el plan remitido a la Comisión.
La idea del Ejecutivo es que estos nuevos ERTE se pacten en el diálogo social antes de que finalice este año, dado que su intención es que la fórmula de ajuste actual decaiga a final de mes. En ese momento se comenzaría a aplicar el nuevo mecanismo de flexibilidad que tendría «carácter permanente» en la legislación laboral.
Es una de las medida que Trabajo pondría en marcha tras la crisis, dentro de una reforma laboral que se envía a Europa mucho más descafeinada de lo que pretendía el pacto de coalición entre PSOE y Unidas Podemos para formar Gobierno y muy alejada de las propuestas que está defendiendo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en las mesas de negociación, que es una derogación en toda regla. En el diálogo social Díaz está proponiendo suprimir la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial, recuperar la ultraactividad o limitar el poder de las empresas para bajar los sueldos. Lo enviado a Bruselas solo se refiere a la «modernización» de la negociación, modificando aspectos como la prórroga automática de los convenios que caducan, la relación entre los convenios sectoriales y de empresa o los cambios de condiciones laborales. Sin más detalles.
El Ejecutivo pretende que el grueso de los cambios laborales estén en marcha este mismo año. Todas las medidas relacionadas con la negociación colectiva, el endurecimiento de las subcontrataciones, la reducción a tres tipos de contratos (fijo, temporal y formativo) y la regulación de los ERTE estructurales. Para el año que viene quedarían asuntos como la fusión de todos los subsidios asistenciales en uno.
«Se trata de una reforma muy urgente porque queremos que el proceso de creación de empleo se haga ya dentro del nuevo marco, con el objetivo de crear un trabajo de calidad, con mayores salarios y que deje atrás las patologías que arrastra desde hace décadas nuestro mercado de trabajo», aseguró ayer la ministra de Economía, Nadia Calviño, en la presentación del plan de reformas.
En la hoja de ruta está la lucha contra la temporalidad con más controles de la Inspección y también es objetivo recortar la precariedad en la Administración, disparada en los últimos años, y «establecer un mecanismo para eliminar el abuso de los contratos temporales, aislados o concatenados, sobre una misma persona trabajadora o un mismo puesto de trabajo».
También se prevé revisar las bonificaciones o ayudas a la contratación y volcarlas en los colectivos en paro para facilitar su inserción en el mercado laboral. «Esta partida supone un 25% del gasto en políticas activas de empleo y no ha logrado resolver los problemas estructurales del mercado laboral, demostrándose poco eficaces para lograr un impacto que perdure en el tiempo», se explica en el documento, en el que se anuncia un plan de choque para recortar el paro juvenil, hoy con una tasa superior al 40%.
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Jóvenes
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