El Consejo Nacional del Agua avala el recorte del trasvase Tajo-Segura
El órgano apoya por segunda vez los cambios en los envíos de una cuenca a otra
Se aproximan los cambios al trasvase Tajo-Segura. Por segunda vez en dos meses, el Consejo Nacional del Agua ha refrendado por mayoría que el Ministerio para la Transición Ecológica modifique las normas de explotación del acueducto, reduciendo los envíos de agua al Levante. El próximo paso será la aprobación de estas nuevas normas en un real decreto.
La medida se sometió a una segunda votación en el órgano consultivo ante el recrudecimiento de la ‘guerra del agua’ en las últimas semanas. Ante los cambios planteados por Transición Ecológica, los regantes han convocado manifestaciones en buena parte de España y las autonomías afectadas han avisado de que acudirán a los tribunales. Pero lejos de lograr un mayor consenso, en esta segunda vuelta el Consejo ha mantenido la fragmentación con 43 votos a favor, 19 en contra y otros 19 en blanco.
La reforma implica que los desembalses automáticos que se producen cuando no hay una sequía excepcional –como sería la situación a día de hoy– pasen de los actuales 38 hectómetros cúbicos (hm3) mensuales a 27, y que el umbral de nivel óptimo de agua (cuando los desembalses pueden alcanzar los 61 hm3) comience en los 1.400 hm3, en vez de los 1.200 actuales, lo que los convertirá en prácticamente imposibles.
«Es el jaque mate al trasvase, y sin basarse en ningún criterio técnico, ni económico, ni social, ni ambiental, nada que no sea el sectarismo de este Gobierno social-comunista y su criterio partidista», lamentó ayer el diputado del PP murciano Jesús Cano, para afirmar a continuación que la medida costará «como mínimo, 130 hm³, lo que supondrá el estrangulamiento del regadío y restricciones para el abastecimiento».
No piensa lo mismo la Asociación de Municipios Ribereños de los embalses de Buendía y Entrepeñas, que ayer celebró la noticia, aunque aseguró que «el cambio de reglas beneficia principalmente a los regantes». Su argumentación radica en que «al cabo del año» los regantes recibirán «prácticamente la misma cantidad de agua», evitando caer en situaciones de sequía excepcional, en las que no hay trasvase. «Si esta beligerancia la muestran contra un cambio que les beneficia, (...) cómo vamos a plantear un diálogo con ellos», dijeron en un comunicado.
Entre los votos en contra en el Consejo del Agua estuvieron los de Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Madrid y Castilla y León, así como los de diferentes asociaciones de regantes. A favor se pronunciaron CastillaLa Mancha, Extremadura, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Navarra y La Rioja, así como el Ministerio, el secretario de Estado de Medio Ambiente o los presidentes de las confederaciones hidrográficas, incluida la del Segura.
Solo el primero
El cambio en las normas de explotación es solo el primero de los dos cambios en el trasvase que ultima el departamento que dirige la vicepresidenta
Menos agua
«Nos va a costar todos los años 130 hm³, y supondrá el estrangulamiento del regadío», según Cano
Teresa Ribera. El siguiente afectará a los caudales ecológicos del Tajo y será recogido en el Plan Hidrológico de cuenca, una cuestión pendiente desde que el Tribunal Supremo dictaminó en 2019 que debían incorporarse estos parámetros. Todo apunta a que el texto elevará los valores en cerca de un tercio, algo que se trasladará en una reducción del agua disponible para ser desembalsada cuando el plan entre en vigor en 2022.
Con todos estos cambios, según un estudio del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (Scrats), en un año ‘bueno’, la reducción de agua desviada al Levante podría ser de unos 78 hectómetros cúbicos, y «habrá años en los que no se trasvase nada», según el presidente de la entidad, Lucas Jiménez. Según sus cálculos, supondrá un encarecimiento medio del precio del agua de un 22% para los regantes, y un 18% para el consumidor.