El PP solo se sentará con el PSOE si los jueces escogen a los vocales del CGPJ
La salida de Iglesias no allana el camino a la renovación del Consejo General del Poder Judicial
La decisión del exvicepresidente y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, de dejar todos sus cargos en política facilitaría en teoría la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una de las asignaturas pendientes del Gobierno y del PP que quedó paralizada el pasado marzo tras el veto de los populares al juez José Ricardo de Prada. La presencia de este magistrado, quien en 2018 redactó los polémicos párrafos de la sentencia del caso Gürtel que dio por probada la caja B de Génova –y a quien se pretendió incorporar como jurista siendo juez– aparecía íntimamente ligada a Iglesias, hasta el punto de que el empeño del exlíder de Podemos por mantenerlo contra viento y marea para boicotear la negociación acabó haciéndola saltar por los aires.
Con la salida de exdirigente morado del tablero de juego, en teoría, se despejaría el panorama ante una renovación que el PP es consciente de que tiene que producirse y en la que habría desaparecido uno de sus principales obstáculos: el propio Pablo Iglesias. La pérdida de peso político de la formación morada dentro del Gobierno, donde ya quedan meros gestores, abre un horizonte al entendimiento entre las dos principales fuerzas que necesitan sacar adelante la elección de los vocales con una mayoría reforzada de tres quintos. Pero el problema ahora es Europa y cómo se materializa la recomendación de que los vocales de procedencia judicial sean nombrados por los propios jueces. El PP no está dispuesto a pactar mientras no se reforme la ley para hacer posible este cambio.
El Consejo lleva en funciones desde diciembre de 2018 y la entrada en vigor de la reforma que le prohíbe hacer nombramientos está pasando factura ya a tribunales como el Supremo, con diez plazas vacantes y una nueva avalancha de trabajo en ciernes con los nuevos recursos que ha habilitado el Gobierno para que unifique doctrina y «legisle» sobre las restricciones del Covid. La parálisis en las negociaciones no ayudarán a desenquistar esta situación, cuya salida para Génova es relativamente fácil: el PSOE tiene la llave para cumplir lo que dice Europa.
Los populares cuentan ahora con el respaldo de la Comisión, que ha entrado de lleno en el embrollo de la política judicial de España. La histórica reacción de 2.500 jueces pidiendo a las instituciones de la UE que tomen cartas en el asunto ha aderezado el ya de por sí complejo escenario de la renovación. Ya no basta con elegir al nuevo CGPJ con la mayor urgencia posible (el mensaje con el que se ha quedado el Gobierno), sino que ha de hacerse con unos parámetros concretos: que al menos la mitad de los jueces sean elegidos por sus propios compañeros (el mensaje que enarbola el PP).
Con Podemos fuera de la negociación y el aliento de la Comisión Europea sobre la necesaria independencia judicial en España, el pacto sería relativamente fácil siempre y cuando haya un compromiso para cumplir con esas recomendaciones y que los vocales de procedencia judicial (doce de los veinte) sean elegidos por la carrera judicial con elecciones directas. El tiempo apremia. Pero en Génova consideran que con la misma premura con la que PSOE y Podemos sacaron adelante la ‘reforma exprés’ del Consejo para maniatarle estando funciones, se podría llevar a cabo esta modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en tiempo récord. Fuentes parlamentarias se muestran más pesimistas y fían este posible cambio de modelo a un momento posterior. La lista que presentaron los jueces con sus candidatos ya está cerrada desde el verano de 2018, cuando se puso en marcha la primera renovación y ahora habría que habilitar una convocatoria electoral dentro de la carrera.
De momento, y tras el 4-M, los negociadores de los partidos no han abordado un asunto. Y es Génova la que espera la llamada.
Maniatado
La situación del Supremo es insostenible: diez plazas vacantes que el CGPJ actual no puede ya cubrir