El Estado no permite el primer intento de mudanza de Meirás
A la primera no ha podido ser. La empresa de mudanzas contratada por la familia Franco acudió ayer al Pazo de Meirás para iniciar la mudanza del mobiliario y se encontró con que la empresa de seguridad contratada por el Estado para la vigilancia del inmueble les negó el paso. Ello, a pesar de que el pasado 28 de abril el Juzgado de Primera Instancia nº1 de La Coruña requirió al Estado mediante una diligencia de ordenación «que permita el acceso al inmueble de los profesionales que designe» la familia «a fin de poder efectuar la retirada de las cosas, bienes y objetos de su interior».
El martes, los abogados de la familia Franco notificaron al Juzgado las quince personas de la empresa de mudanzas que participarían en el traslado de los enseres. Y ese mismo día lo pusieron en conocimiento de la Abogacía General del Estado, de manera oficiosa a través de un correo electrónico. Se da la circunstancia de que el Estado se personó en el procedimiento judicial por la propiedad de Meirás sin la participación de procurador, por lo que el traslado de resoluciones judiciales se produce con retraso.
Ante esta situación, los abogados de la familia presentaron ayer mismo un escrito en el juzgado para que se le exija al Estado el cumplimiento de la diligencia, que abra las puertas para la mudanza y que se amplíe el plazo para la misma hasta que pueda empezar a realizarse. Los Franco tenían programado estar en Meirás la semana pasada para supervisar el traslado. Los planes están ahora congelados.