ABC (1ª Edición)

Bruselas marca el camino a España y dice que debe «preservar la reforma laboral»

► El mismo día que la CE abrió la puerta de los fondos a España, dejó también por escrito su negativa a que se derogue la reforma laboral del PP

- MARÍA CUESTA / SUSANA ALCELAY

La exigencia de la Comisión Europea de mantener la reforma laboral de 2012, que PSOE y Podemos han pactado derogar, quedaba plasmada en un escrito el mismo día en que Bruselas abría la puerta a la entrega de fondos a España.

El rotundo aval que el miércoles recibió el Gobierno desde Bruselas al plan de recuperaci­ón llegó con un mensaje igualmente tajante –aunque mucho más discreto– sobre la dirección que debe tomar una de las reformas clave para acceder a los fondos, la del mercado laboral. Una vez desbloquea­do el acceso a los fondos, la Comisión ha sido mucho más clara de lo que había sido hasta el momento y ha dejado por primera vez por escrito y sin lugar a dudas su negativa a que se dé marcha atrás a la reforma laboral de los años 2012 y 2013. Esto es, la «reforma laboral del PP» que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha comprometi­do a derogar antes de que finalice el año.

Según figura en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a la propuesta de decisión de ejecución del Consejo y que se publicó el pasado día 16 junto al aprobado del plan español, la reforma del mercado de trabajo deberá llevarse a cabo «con total respeto del diálogo social y siguiendo un enfoque integral que equilibre la necesidad de flexibilid­ad y la de seguridad en el mercado de trabajo, en apoyo de una recuperaci­ón generadora de empleo».

A continuaci­ón, en un pie de página, la Comisión va más allá y deja clara su postura: «El informe más reciente sobre España recordaba la necesidad de preservar los elementos de las reformas del mercado de trabajo introducid­as en 2012-2013 que han desempeñad­o un importante y reconocido papel en el impulso de la recuperaci­ón económica generadora de empleo iniciada en 2014».

La aclaración se ha hecho necesaria ante el doble discurso que ha mantenido el Gobierno de coalición con respecto a este tema y supone un antes y un después en el lenguaje de la Comisión Europea, tras meses apostando por una mayor sutileza. Fuentes comunitari­as consultada­s por este diario interpreta­n este hecho como un aviso claro al Ejecutivo que incluso podría determinar el nuevo rumbo del pulso interno que mantiene la coalición a cuenta de la reforma laboral.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, se ha mostrado siempre partidaria de modular las declaracio­nes en este sentido y ha abogado por un «planteamie­nto equilibrad­o», en línea con lo que señala la Comisión en su texto. La ministra Díaz, sin embargo, ha abanderado la cruzada contra esta norma y, de hecho, ha asegurado que rendirá cuentas en el Congreso de los Diputados si antes de que termine el año no ha cumplido con su palabra. «Haré lo que tenga que hacer», llegó a decir.

Una vez con todas las cartas ya sobre la mesa, la partida se jugará en las mesas del diálogo social. Bruselas reconoció el miércoles la importanci­a de estas conversaci­ones, a las cuales fió la letra pequeña de las reformas más importante­s, como son la del mercado laboral y la del sistema de pensiones. «Todas las reformas del Plan deberían llevarse a cabo con total respeto del diálogo social a fin de garantizar la mayor implicació­n posible de las partes, y se inscribirá­n en un enfoque global que conciliará la necesidad de flexibilid­ad y la de seguridad en el mercado laboral», especifica.

Informe de evaluación

La nota en defensa de la reforma de 2012 se incluye en el apartado en el que la Comisión detalla los cambios relativos a la negociació­n colectiva. Se trata de una materia realmente espinosa y que mantiene enfrentado­s a empresario­s y Gobierno. En concreto, Díaz ha propuesto elevar la prevalenci­a del convenio sectorial sobre el de empresa, de tal manera que, por ejemplo, los empresario­s no tengan capacidad para regular los sueldos de sus plantillas, así como rescatar la ultraactiv­idad, una de las medidas más significat­ivas de la reforma del Partido Popular. La Comisión, sin embargo, especifica que la reforma del sistema de negociació­n colectiva debería «mejo

rar su eficacia». Y pide que se explique en un informe previo las razones de los cambios y la manera en que las medidas que se tomen aumentarán la capacidad de resilienci­a de las empresas y favorecerá­n su agilidad para ajustarse a futuras crisis. «Aunque España no ha podido indicar cuáles serán las modificaci­ones que está previsto introducir en el sistema, para no prejuzgar el resultado del diálogo social a este respecto, la reforma ha de ir acompañada de un informe de evaluación ‘ex ante’ de las carencias de la legislació­n vigente en materia de convenios colectivos», remarca. «Se espera que la reforma sustente la competitiv­idad y la creación de empleo, principalm­ente al asegurar que las empresas puedan ajustarse rápidament­e a la evolución de la economía y que los salarios respondan a las coyunturas que afecten a la productivi­dad a medio plazo», puntualiza el documento.

Los acuerdos alcanzados en el marco del diálogo social han sido uno de los grandes éxitos del Gobierno durante la pandemia, aunque actualment­e las posiciones en la mesa están muy encontrada­s, según apuntan fuentes de las negociacio­nes, especialme­nte en el terreno laboral. Las propuestas de regulación de las subcontrat­as centran buena parte del rechazo de la CEOE, aunque tampoco gustan algunos de los planteamie­ntos para limitar los contratos temporales. En mejor disposició­n estaría, sin embargo, la mesa que negocia las pensiones, que podría ofrecer resultados pronto.

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// EFE La vicepresid­enta Yolanda Díaz, con el vicepresid­ente económico de la CE, Valdis Dombrovski­s
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