Autoindulto
Sánchez puede estar orgulloso: ya no le hace falta pedir generosidad a la oposición: le sobran votos para aplastarla
SI me acercase a un confesionario y dijera al sacerdote: «Padre, me acuso de haber cometido tales pecados, y pienso seguir cometiéndolos», estoy seguro de que pese a haber cambiado tanto la Iglesia católica, no me daría la absolución. Sin embargo, los obispos catalanes están a favor de que se indulte a los cabecillas del mayor delito que puede cometerse contra el país en que viven: la sedición, más algún otro mezquino, como malversación de caudales públicos. También los grandes empresarios, la famosa CEOE, que salieron pitando de Cataluña cuando allí empezó a oler a chamusquina, y, desde luego, la famosa mayoría Frankenstein, corregida y aumentada, que ha tumbado en el Congreso la propuesta de condenarles. Incluso dos miembros del Tribunal Constitucional han dado los argumentos para neutralizar la sentencia del Supremo.
Sánchez puede estar orgulloso: ya no le hace falta pedir generosidad a la oposición: le sobran votos para aplastarla (190/152) e incluso puede darse el gustazo de decir que la culpa del fallido golpe fue «la desidia e indolencia de Rajoy ante el desafío independentista». Y no se quedó ahí. Nuestro presidente apela a «los valores constitucionales» para justificar los indultos que piensa conceder a quienes están en la cárcel por violar la Constitución y desobedecer sentencias de los más altos tribunales. Presentándose como el que lo ha puesto fin, a tal extremo llega su osadía y desvergüenza.
No hay duda de que Sánchez ha ganado este asalto en el combate por la España del siglo XXI. Pese a sus resbalones en la pandemia y en la escena internacional, el indulto de quienes montaron el aquelarre del 1-O ha ido ganando terreno hasta hacerse casi inevitable. Lo que no significa legal. El Gobierno tiene el poder de concederlo. Pero no es omnímodo ni, menos, un deber. Es una gracia a usar sólo en escasas ocasiones y ciertas condiciones, aunque nuestra deficiente cultura democrática la haya convertido en coladero. Pero está en juego demasiado para que esta vez ocurra.
La principal objeción a concederlo no es la falta de arrepentimiento de los reos, sino su decisión de repetirlo. Toda pena, dice la jurisprudencia, debe buscar la rehabilitación del condenado, inexistente en este caso, mientras el sentido común advierte que dejar en libertad a tales individuos significa una amenaza para España y para Cataluña. Desde luego, va a contribuir a eso que el mentiroso mayor del reino llama «interés nacional». Todo lo contrario: el único interés que favorece es el suyo que podrá seguir durmiendo en La Moncloa. Mientras la frustración crece en ambos bandos al no alcanzar sus objetivos. Lo veremos pronto.