España desestima la condición de opositor de Figueroa y accede a extraditarlo a Caracas
►El militante de Voluntad Popular está detenido en una cárcel en La Coruña
El opositor venezolano Rolando Figueroa Martínez, de 42 años, se entregó voluntariamente el pasado miércoles a la Policía de La Coruña tras ser notificado del auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que ordenó su busca, detención e ingreso en prisión para su extradición a Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro lo solicita por un supuesto delito de estafa agravada, pero no han aportado pruebas y el caso lleva más de cuatro años paralizado.
Figueroa, militante político del partido del opositor Leopoldo López, Voluntad Popular, apenas se entregó en la Comisaría solicitó se le conceda el asilo, protección subsidiaria internacional, «por razones de persecución política» y ruega que se le otorgue por «su condición de opositor a dicho gobierno». Pero el auto de la Audiencia Nacional desestimó su condición de opositor y accedió a extraditarlo a Caracas, marcando así un peligroso precedente para otros opositores venezolanos que están exiliados en España y también se encuentran en la mira del gobierno chavista. Entre ellos, el propio Leopoldo López o Ernesto Quintero, que está preso en la cárcel de Soto del Real, a la espera de que le concedan asilo político para bloquear así su entrega a Venezuela.
«Una persona inocente colabora con la Justicia», afirma a ABC por vía telefónica su abogado, Ismael Oliver Romero, que explica que su cliente nunca se ha planteado la fuga y que él mismo «decidió entregarse a la autoridad policial y, ahora, está ingresado en el Centro Penitenciario Texeiro a la espera de que se pueda parar su proceso de extradición».
El letrado señala que los magistrados «no han querido apreciar su condición de opositor» y que ellos lo han reconocido como un ‘opositor de base’. «No entiendo qué es eso. O eres opositor o no lo eres, pero no puedes medir el rango de oposición y menos si eres un activista de Voluntad Popular», denuncia Romero.
Figueroa llegó a España con su esposa y sus dos hijos, de 9 y 12 años, todos españoles, en septiembre de 2017. Establecieron su residencia en Galicia, de donde es oriunda su mujer, y fue cuando tramitó la residencia comunitaria por estar casado con una española. Tras pasar las navidades en el extranjero con su familia, lo detuvieron en el Aeropuerto de Barajas en diciembre de 2018 por una orden de captura internacional de Interpol. La Audiencia Nacional lo dejó en libertad con régimen de presentación cada 15 días. Pero una vez desestimados todos los recursos, el gobierno y el órgano judicial han entendido que se cumplen los requisitos y acceden a su extradición.
Solicitud de la nacionalidad
Marifé Pérez, su esposa, atiende a ABC y manifiesta su preocupación por lo que está sucediendo con su marido. Confiesa que todavía sus hijos no saben lo que ocurre con su padre. «No quiero que me escuchen hablar», dice mientras se aleja de los pequeños. «Fue mi decisión venirnos a España porque somos españoles, estamos totalmente arraigados... yo quería que mis hijos se criaran aquí». Y asegura que está tranquila porque «confía en las instituciones y en la Justicia» que no permitirán que a su marido lo extraditen.
Pero la solicitud de Venezuela le ha complicado al opositor muchos trámites de extranjería. «Mi esposo ya debería ser español, nosotros tramitamos la nacionalidad en 2018 antes de que lo detuvieran y todavía no ha sido aprobada», afirma Marifé al tiempo que señala que recibió hace días una carta del Ministerio de Justicia para que aportaran una sentencia condenatoria o resolutiva sobre Figueroa para resolver el expediente de la nacionalidad. «No podemos presentar ese requisito porque mi esposo no ha sido juzgado», indica.
El abogado de Figueroa cree que el caso de su cliente es un tema político que se remonta al año 2004, cuando este era funcionario público y trabajaba en el Ministerio de Justicia. Allí tuvo una pésima relación laboral con una mujer que lo amenazó cuando decidió renunciar. «Diez años después, Figueroa crea una importadora de suministros médicos con un socio y la misma mujer contrata a la empresa. Ahí es cuando lo acusa de haberle estafado 100.000 dólares. No tiene pruebas», asegura Romero.