Los jueces instan a Sánchez a que frene en Europa el informe que les vapulea
Exteriores se desvincula del texto que compara a España con Turquía por las condenas por sedición
Una «afrenta» al Poder Judicial español. Un texto plagado de «falsedades» e «inexactitudes» que no responden a la realidad ni se compadecen con los hechos probados que estableció el Tribunal Supremo en la sentencia en la que condenó a los líderes independentistas del «procés» por sedición. Tres de las cuatro asociaciones de jueces –más de la mitad de la carrera judicial– exigen al Ejecutivo que frene el proyecto de declaración que se está tramitando en el Consejo de Europa y que pone los derechos y libertades de España al nivel de Turquía. Todo ello para denunciar las condenas del ‘procés’ y de paso allanar el camino a los indultos y revisión de esas condenas en el Tribunal de Estrasburgo.
Para los jueces se trata de una afrenta que el Ejecutivo no puede permitir, y de ahí que las mayoritarias Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Francisco de Vitoria, junto con Foro Judicial Independiente, le hayan instado a que, «como responsable de la política internacional del Estado, despliegue los instrumentos diplomáticos en su mano» para impedir la aprobación en el Consejo de Europa de este texto que enmarca los delitos del ‘procés’ en el ámbito político.
Prestigio y confianza
En un duro comunicado, las asociaciones –que apenas hace un par de meses se dirigieron a la Comisión Europea para denunciar los ataques a su independencia por parte del propio Ejecutivo y Legislativo español– instan también a los partidos con representación en la Asamblea del Consejo de Europa para que en el debate de la aprobación de ese texto «expongan con claridad que la declaración se aparta radicalmente de la realidad del funcionamiento de los órganos judiciales en España». También solicita la intervención del Consejo General del Poder Judicial, para que se pronuncie oficialmente sobre su contenido, «denunciando públicamente las falsedades e inexactitudes» que el mismo contiene para evitar que se lesione «el prestigio del Poder Judicial y la necesaria confianza en su recto funcionamiento cara a los ciudadanos».
Los jueces critican que el proyecto de declaración equipare a España y Turquía, «países cuyos regímenes políticos y situación del Estado de derecho y garantías democráticas difieren de manera rotunda, sin que sea preciso abundar en las diferencias por su carácter patente y conocido». También que se presenten las condenas por sedición como «una mera discordancia política abordable desde el ámbito del debate político, desconociendo la vertiente de lesión a bienes jurídicos esenciales como son la paz pública, la seguridad ciudadana y la recta administración de fondos públicos (respecto a la malversación), que, según parece entender el proyecto, no se resentiría por una aplicación caprichosa de los mismos a finalidades ajenas a su destino, siempre que lo ordenen políticos y se orienten a finalidades de tal carácter».
El proyecto da por sentado «hechos y situaciones cuya realidad se presupone» y que divergen, dicen, de lo probado en la sentencia del Tribunal Supremo, «dictada con escrupuloso respeto» a las garantías de un proceso justo». Denuncian que el texto «asuma y haga suyas» las posiciones que desde el inicio del proceso sostuvieron los propios condenados «como parte de la campaña de desprestigio a los órganos judiciales españoles». «Se está poniendo en cuestión la calidad de la democracia en España
y la labor de los Tribunales y su defensa de los derechos fundamentales, insinuando una complicidad en la persecución ideológica de sus ciudadanos». Esta «falacia», concluyen, «debe ser reparada, evitando que se consoliden declaraciones sin fundamento que perjudican la imagen de la Justicia y de la percepción de España como Estado de plenas garantías».
Balones fuera
Aunque desde Exteriores afirmaron ayer que habían estado «involucrados» en el informe aportando su punto de vista, lo cierto es que echaron balones fuera. Aseguraron que esta cuestión depende de los grupos parlamentarios, que son los han llevado «la voz cantante» en este asunto y que el Ministerio «ha hecho esfuerzos desde el inicio de la redacción del informe para corregir malentendidos».
Fuentes de este departamento se remitieron a la nota de prensa que enviaron a los medios el pasado 3 de junio, a una hora que pasó inadvertida: las 20:45 de la noche. «El Gobierno considera que todo el informe parte de un planteamiento erróneo: la presunción de que los líderes políticos independentistas fueron procesados por expresar sus ideas en el ejercicio de su mandato. Ese prejuicio contamina todo el texto, se refleja en la resolución y en las recomendaciones y merece un reproche general del Gobierno de España», decía.