El PSOE evidencia su debilidad ante el riesgo derogación de dos decretos hoy
▶ Los socios de Sánchez no cerraban su apoyo ayer a los textos de interinos y mascarillas que vota el Congreso ▶ El texto de Función Pública, el que más rechazo concita
El PSOE realizó ayer un movimiento que muy pocas veces ha realizado y que da idea de su actual debilidad parlamentaria: llamar a Vox. El portavoz socialista de Función Pública acabó telefoneando a su homólogo en el grupo de Santiago Abascal para sondearle y conocer su posición ante la convalidación del decreto-ley sobre interinos, después de que sus principales socios anticiparan su «no» al texto. Este decreto es uno de los cuatro que se someterá esta mañana a votación en la Cámara Baja junto a la rebaja del IVA de la luz, la retirada de las mascarillas en el exterior y las nuevas medidas culturales. De todos ellos, es el que tiene más posibilidades de provocar una nueva derrota parlamentaria para Pedro Sánchez.
Si este texto no logra el respaldo de la mayoría parlamentaria, será el tercer decreto que el hemiciclo tumba al líder socialista desde que es presidente del Gobierno, el segundo desde que se creó la coalición y el primero tras el radical cambio de ministros. Ningún otro Ejecutivo ha encajado tres derogaciones de decretos por parte del Congreso en la historia de la democracia. Tampoco ninguno llevó el abuso de esta figura al nivel alcanzado por Sánchez, quien suma, además, otros tres decretos tumbados por el Tribunal Constitucional.
Rufián ve miope al Gobierno
El texto pretende resolver el problema de los trabajadores interinos mediante una fórmula que ni siquiera gusta a Unidas Podemos, aunque esta formación votará a favor en cumplimiento del acuerdo de coalición. Desde ERC a PDECat, pasando por Bildu, Junts, CUP o Coalición Canaria criticaron la ausencia de negociación por parte del Ministerio de Función Pública y exigieron cambios para evitar su rechazo. Según Junts, «la fórmula del decreto no es la adecuada a nuestro entender, no soluciona el problema de la temporalidad ni tampoco da respuesta a las exigencias de Europa», mientras que para Bildu «el problema es de contenidos y de vulneración de competencias» y para ERC «es injusto que una persona que lleva 30 años de interina tenga que competir en un examen con una recién licenciada».
El portavoz de este grupo, Gabriel Rufián, fue ayer el más gráfico al señalar que la convalidación del decreto tiene «mala pinta». «Este Gobierno sigue con las mismas manías o vicios que son bastante contraproducentes, que es pensarse que tiene mayoría absoluta, y es de una miopía hacia la realidad bastante curiosa», añadió en rueda de prensa en el Congreso.
Pulso con Podemos
Según pasaban las horas, se acentuaba la pérdida de aliados del PSOE y los votos del PP iban convirtiéndose en decisivos. Este partido guardó silencio durante todo la jornada con su portavoz, Cuca Gamarra, limitándose a subrayar que su voto buscará lo mejor para los españoles y que si La Moncloa no logra sacar sus votaciones adelante es convocar elecciones. Para la dirigente popular, «el Gobierno tiene muchas dificultades fruto de su debilidad: Sánchez tiene una mayoría imaginaria».
El decreto de los interinos generó incluso un nuevo tira y afloja dentro de la coalición gubernamental. La portavoz
El líder socialista acumula varios hitos: fue el primero en ser rechazado como presidente y es el único con dos investiduras fallidas
de En Comú, Aina Vidal, aseguraba por la mañana que su grupo aún no había decidido el sentido de su voto subrayando la existencia de negociaciones con el PSOE para modificar algunos de los extremos del texto. La formación morada pidió a los socialistas más garantías para los trabajadores interinos y sanciones para las administraciones que han abusado de esta figura. También reclamaron más atención hacia las reclamaciones de los socios de investidura.
Mascarillas: el PP, en contra
Aunque el decreto sobre los trabajadores interinos es el que tenía ayer menos apoyos cerrados, el de las mascarillas tampoco contaba con plenas garantías. Sobre todo después de que el lendakari Iñigo Urkullu enviara una misiva a Sánchez pidiendo que reformara el texto para que esta medida de protección vuelva a ser obligatorias en el exterior y las comunidades autónomas reciban más instrumentos jurídicos para controlar la pandemia.
PDECat, Compromís, Más País y Junts anunciaron su voto a favor asegurando 168 «síes» pero PP, Vox, Cs, PNV, ERC o Bildu mantenían su silencio a última hora de la tarde, con la intención de no desvelar su postura hasta el debate. Rufián se limitó a subrayar su disposición «a dar pasos atrás» si es necesario para proteger la salud, lo que dejó su apoyo completamente en el aire. Fuentes parlamentarias señalaron a ABC que el PP pidió hacer uso del turno en contra durante el debate de hoy, lo que anticipa su «no» al texto. También anunciaron su intención de rechazarlo Coalición Canaria y el PRC.
Incluso los partidos que avanzaron su «sí» fueron críticos con la estrategia del Gobierno en la desescalada. En línea con Urkullu, el portavoz del PDECat, Ferrán Bel, reclamó la aprobación de una ley de pandemias para que las comunidades puedan aplicar restricciones sanitarias con seguridad jurídica, mientras el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, pidió una reflexión a la vista del fortísimo incremento de contagios a partir del fin del estado de alarma. «Algo no hemos hecho bien cuando todo se ha descontrolado de esta manera», señaló.
Tanto este decreto como el de los interinos se encuentran en vigor a la espera de ser convalidados. Si no lo logran quedarán derogados y, por tanto, sin efecto.
Una vuelta atrás. Un ‘déjà vu’ que retrotrae al carajal autonómico que se organizó el verano pasado –con la justificación de la cogobernanza mediante– a la hora de orquestar la desescalada; se repitió en vísperas de Navidad, para permitir las salidas y entradas de ‘allegados’, así como el número de comensales que podían sentarse a la mesa. El lío se repitió antes y después del fin del estado de alarma el pasado 9 de mayo cuando las regiones pidieron toques de queda selectivos, regionales, provinciales, comarcales o municipales. En plena quinta ola de contagios, con un número de casos que se multiplica por seis respecto a cuando decayó el estado de alarma y con dieciséis autonomías en riesgo extremo, las regiones se ven carentes de esas herramientas jurídicas de las que el Estado dice dotarles y ruegan, como ayer hizo el lendakari en una misiva al presidente Pedro Sánchez, que dé marcha atrás en medidas nocivas para el avance del virus, como la imposición del uso de la mascarilla en todo momento. No habrá cambios por el momento, contestó La Moncloa, que también rechazó recuperar el toque de queda a nivel estatal que reclamó el lendakari evitando usar esa expresión: se limitó a reclamar poner coto a la movilidad nocturna.
Lo que Iñigo Urkullu hizo ayer fue invocar la cogobernanza «real y efectiva», para que las autonomías no tengan que depender de los dispares pronunciamientos judiciales, puesto que en su caso, alega en la misiva, cuando pretendió imponer el cierre de la hostelería, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) declinó. El mandatario autonómico, como ayer verbalizó su portavoz, Bingen Zupiria, se inclina por reformar el decreto (que hoy convalida el Congreso de los Diputados) sobre la obligatoriedad del uso de la mascarilla.
Zupiria dijo en Vitoria tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Lendakaritza que desean imponer el toque de queda a todos los efectos, y que están «muy preocupados» por las repercusiones que ha tenido el Real Decreto del 24 de junio sobre la flexibilización del uso de la mascarilla, ya que en «muchos casos» ha conllevado que se deje de usar por completo, aseguró el portavoz del Gobierno vasco. «Ese no era el objeto» del texto que aprobó el Ejecutivo del Estado, aseveró. «El uso constante de la mascarilla tiene que ser una obligación», zanja el Gobierno vasco, que plantea que se pueda prescindir de ella solamente en aquellos «espacios naturales en los que no se produzcan concurrencia de personas».
Andalucía se sumó ayer a la petición de Urkully y a traves de su consejero de Presidencia, Elías Bendodo, demandó al Gobierno que la mascarilla vuelva a ser obligatoria al aire libre, «ahora con más motivo», dijo.
Bendodo apuntilló que «Andalucía se suma» a esa idea del lendakari; en concreto, «a que el presidente del Gobierno se actualice, ponga los pies en la tierra y vea cómo va a la pandemia en nuestro país».
Armengol se apea del debate
Mientras, la quinta ola no toca techo. El enorme aumento de la incidencia de coronavirus en Baleares y el temor a que arruine la temporada turística han empujado al Govern de la socialista Francina Armengol a dar un paso atrás en la desescalada y suspender la vida social a partir de la una de la madrugada. A partir del sábado, si la Justicia da su visto bueno, se prohíben las reuniones sociales de personas no convivientes –tanto en interiores como en exteriores– entre las 1.00 y las 6.00 horas cuando la incidencia acumulada a 14 días supere los 450 casos. El Ejecutivo balear incluso se ha planteado imponer de nuevo la mascarilla en la calle, aunque finalmente lo ha dejado en una recomendación cuando haya distancia suficiente. Baleares es la primera región que sopesó el retorno de la obligación en los espacios exteriores, aunque finalmente lo mantiene en pausa y transformó el debate en una recomendación para ir en sintonía con la posición que defenderá hoy el PSOE en el Parlamento. El consejero de Turismo, Iago Negueruela, sí informó ayer de que se ha pedido al Estado la posibilidad de usar el certificado Covid para limitar el acceso a eventos o actividades a personas vacunadas.