La deuda pública se dispara un 11% y supera el récord de 1,4 billones

∑ El pasivo vuelve a superar en mayo el 125% del PIB, el más alto en 140 años

La maquinaria del gasto durante el Covid no ha parado, los compromisos adquiridos con los ERTE o las transferencias para pagar las ayudas directas a pymes y autónomos han dejado huella en las finanzas públicas, un desajuste que heredarán las generaciones futuras y que amenaza con desdibujar la recuperación económica, tal y como ya han advertido economistas y analistas.

En mayo el pasivo del Estado escaló hasta los 1,41 billones, un 11% más que un año antes, según la estadística del Banco de España. Con estas cifras, la deuda pública vuelve a superar el 125% del PIB, el nivel con el que cerró el primer trimestre, el más alto en 140 años. Sin embargo, desde el Gobierno puntualizan que esta evolución es la prevista, ya que durante los primeros meses del año siempre se aceleran las emisiones por las mayores amortizaciones en abril y que, posteriormente, la cifra irá convergiendo hacia el objetivo marcado en el Plan de Estabilidad, el 119,5% del PIB.

El endeudamiento del Estado se elevó a 1,216 billones, con un incremento interanual del 8,3%, mientras que para las otras unidades de la administración central el saldo fue de 56.000 millones, un 124,2% más respecto del año anterior. El pasivo de la Seguridad Social creció un 42,2% en el último año.

Las corporaciones locales, por su parte, disminuyeron su endeudamiento en 70 millones, hasta 22.632 millones, y las administraciones de la Seguridad Social recortaron el suyo en un millón, hasta 85.354 millones. En comparación con mayo de 2020, la deuda del Estado ha crecido un 8,3% y la de las comunidades 2,3%.

Bruselas lleva desde el inicio de la pandemia dando manga ancha a los Estados miembros para gastar y saltarse las reglas fiscales (límites que en condiciones normales no ‘pueden’ sobrepasarse). Ese marco continuará, en principio, también el año siguiente, con visos de regresar a ciertos límites de deuda y déficit ya en 2023.

Pese a la manga ancha de Bruselas son muchos los organismos que están avisando al Gobierno para que contenga el déficit y la deuda pública. La Airef ha sido una de las instituciones más duras. Cristina Herrero, su presidenta, ha exigido al Gobierno un plan de consolidación fiscal antes de que la Comisión Europea vuelva a la mano dura. «Las reglas fiscales están en suspenso pero no sabemos a qué reglas vamos a volver y en qué momento. Es un error dejar esta planificación hasta que esto esté despejado», señaló en la Comisión de Hacienda del Congreso hace unas semanas. Su razonamiento es que diseñar el equilibrio fiscal del futuro ahora es una necesidad, pero que a partir de 2023 puede convertirse en una obligación. Y no es la primera vez que desde las instancias europeas se fuerza a España a acometer duros ajustes, en medio del llamado procedimiento de déficit excesivo.

También el Banco de España ha reclamado a Sánchez que vuelva a pensar en la sostenibilidad de las cuentas públicas. En su última intervención el gobernador, Pablo Hernández de Cos, reclamó «tomarse en serio las finanzas públicas» y ha pedido diseñar cuanto antes «un programa de consolidación fiscal» que pueda ejecutarse una vez la recuperación se haya asentado. «Sería una error una retirada prematura de los estímulos y también sería un error no diseñar el programa de consolidación fiscal», añadió.

Un plan sin detallar

España es el único Estado miembro que no ha adjuntado a Bruselas un plan fiscal de control del déficit público y de reducción progresiva de la deuda pública, situada desde finales del año pasado en el 120% del PIB. Países como Alemania han comunicado a las autoridades comunitarias el detalle económico y fiscal a medio plazo de las reformas anunciadas en sus planes económicos y fiscales para el medio plazo. Es también el caso de Francia, que ha establecido unas pautas de reducción del gasto sin subir impuestos, o de Italia, que también recortará el gasto, pero subirá sus tributos, como también piensa hacer Pedro Sánchez.