Imputan a la alto cargo del Govern que aisló a los alumnos en un hotel
► Darias culpa a los estudiantes que viajaron a Palma de ser el germen de la quinta ola
La directora general de Salud Pública, Maria Antònia Font, está siendo investigada por un juzgado de Palma por un presunto delito de prevaricación y detención ilegal. La alto cargo del Govern balear ordenó el confinamiento forzoso y bajo custodia policial de 270 estudiantes que se encontraban en Mallorca en viaje de estudios a finales de junio, tras detectarse un megabrote de Covid. Font tendrá que declarar el próximo 7 de septiembre.
Tras la querella de una progenitora, el juzgado ha decidido investigar las circunstancias que rodearon el traslado vigilado por la Policía Nacional y el confinamiento de estudiantes peninsulares en el Hotel Palma Bellver ordenado el sábado 25 de junio. Los padres de algunos de estos jóvenes alegaron que sus hijos fueron trasladados sin su autorización al hotel medicalizado ubicado en el paseo marítimo de Palma, destinado a los turistas que dan positivo en Mallorca para que cumplan cuarentena. Además, las primeras órdenes de traslado fueron confusas y se hicieron presuntamente cuando todavía no se había firmado la resolución de Salud.
Decisión desproporcionada
Los progenitores presentaron un alud de ‘habeas corpus’ ante el juzgado de guardia alegando que todos fueron desestimados. Posteriormente, otra juez tumbó parte de la resolución de la directora general que ordenó el internamiento forzoso de los estudiantes al considerar que no era proporcionada. Esa decisión judicial permitió la salida de los jóvenes no contagiados del hotel.
La jueza entendió que el Govern balear debería haber demostrado de forma más individualizada que los afectados no contagiados eran contacto estrecho de los positivos. La magistrada destacó en su auto que en la resolución del Govern balear «no se especificaba de forma clara ni directa» datos más específicos como «su situación particular, fecha de llegada, periodo de estancia en la isla, grupo al que pertenecía, hotel de hospedaje y actividades de ocio relacionadas». Asimismo, destacó que la orden de Salud tampoco concretaba si mantuvieron «un contacto real, ni con qué intensidad» con los contagiados y subrayó que «no bastan meras consideraciones de conveniencia, prudencia o precaución» para limitar derechos fundamentales. El Govern siempre ha defendido que su actuación fue correcta y legal, pese al varapalo judicial. La consejera de Presidencia, Mercedes Garrido, aseguró que el Govern volvería a hacerlo. Sin embargo, la falta de cobertura legal ha dado pie a que prospere la querella contra la directora general de Salud Pública, sin perjuicio de que puedan imputarse otras personas.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, se remontó ayer al comienzo de los contagios, que «empezó –culpó– con un macrobrote en Mallorca que se produce como consecuencia de viajes de fin de curso». Según la titular de Sanidad, 9.000 personas estuvieron implicadas en ese foco y provocó 2.000 contagios. Además, hizo mención a los brotes de Salou y Malta, informa