Saab alega inmunidad diplomática para eludir su juicio en EE.UU.
El juez le niega la libertad condicional y fija el 1 de noviembre como fecha de inicio formal de la causa
Esposado a la espalda, vestido con el mono naranja que suelen llevar los detenidos en Estados Unidos, con el pelo largo y la boca cubierta por una mascarilla, Álex Saab compareció este lunes ante el juez federal John J. O’Sullivan del Distrito Sur de Florida. Lo hizo por videoconferencia desde la prisión del condado de Broward, donde permanece detenido a la espera del juicio.
A Saab, de 49 años, se le veía serio, y movía incesantemente una de las piernas bajo la mesa. Pidió un traductor, para poder comunicarse con el juez, aunque quien habló fue su abogado.
La vista oral duró menos de diez minutos. El magistrado le leyó sus derechos y los cargos en su contra y fijó el 1 de noviembre como fecha para reanudar las audiencias, mientras la defensa prepara el caso. El abogado Henry Bell, que representa al acusado, dijo que espera un recurso por supuesta inmunidad diplomática.
Lo cierto es que el chavismo le concedió a Saab un pasaporte diplomático para tratar de darle inmunidad en este tipo de procesos e incluso llegó a nombrarle miembro de la delegación chavista de manera virtual para que negociara con la oposición en la ronda de diálogo que tiene lugar en México y que auspicia Noruega. Pero la justicia de Cabo Verde ya desestimó esas alegaciones para autorizar su extradición. A Saab la oposición le considera el testaferro de Nicolás Maduro.
«Está aquí en su primera comparecencia por una acusación en la que se le imputa un cargo de conspiración para cometer blanqueo de capitales y siete cargos de blanqueo de instrumentos monetarios», le dijo el juez O’Sullivan a Saab, que miraba al frente en una pequeña celda, sentado a una mesa, con un auricular de teléfono en el oído, después de que le quitaran las esposas los alguaciles.
La defensa solicitó la libertad provisional, pero la Fiscalía alegó que existe riesgo de fuga, y el juez se la negó.
Ahora comienza un periodo de negociación, y Saab puede pactar con la Fiscalía si se declara culpable y a cambio de qué. La pena máxima de esos cargos es de 160 años de prisión, y normalmente un acuerdo de colaboración permite una reducción de pena.
Lo cierto es que estas no son las únicas acusaciones de corrupción que hay en contra de Saab en este momento. El Ejecutivo estadounidense le ha acusado de otros delitos, por los que ha sido sancionado por el Tesoro dos veces: en 2019 por fraude en ayuda humanitaria mediante la manipulación de las llamadas bolsas Clap, y en 2021 por ayudar al régimen chavista a sortear el régimen de sanciones contra el petróleo. De momento, no ha anunciado el ministerio público norteamericano ninguna demanda aceptada a trámite por esos casos, pero es probable que la fiscalía esté investigando por su cuenta y en secreto.
Saab fue imputado el 25 de julio de 2019, junto con su socio Álvaro Pulido Vargas, que está en paradero desconocido, por ocho cargos: siete de blanqueo de capitales y un octavo de conspiración para ocultarlo.
La acusación formal alega que a partir de noviembre de 2011 o alrededor de esa fecha y hasta al menos septiembre de 2015, Saab y Pulido conspiraron con otros para lavar las ganancias de una trama de sobornos por medio de cuentas bancarias ubicadas en Venezuela y EE.UU., y que extrajeron 350 millones de dólares (unos 300 millones de euros al cambio actual) a cuentas en el extranjero.
Saab fue deportado de Cabo Verde el sábado a bordo de un jet del departamento de Justicia norteamericano que le trajo al aeropuerto internacional de Miami, donde quedó bajo custodia de las autoridades federales. Había sido detenido por una orden de Interpol el 12 de junio de 2020 al repostar su jet en esas islas, que en principio no tenían acuerdo de extradición con EE.UU.
Finalmente, la justicia de Cabo Verde permitió su traslado, a pesar de las enormes presiones del chavismo y sus socios.
Según la fiscalía estadounidense, Saab y Pulido obtuvieron un contrato con el gobierno venezolano en noviembre de 2011 para construir viviendas para personas de pocos recursos. Pero aprovecharon el tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela, bajo el cual se podían obtener dólares estadounidenses a una tasa favorable, presentando documentos de importación falsos de bienes y materiales que nunca fueron ingresados en Venezuela, e hicieron todo esto sobornando a funcionarios.
También alega la fiscalía que las reuniones para cerrar el pago de sobornos se llevaron a cabo en Miami y que Saab y Pulido luego transfirieron el dinero del fraude a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida. Por eso se le juzga en ese estado, donde ha sido extraditado.
Este caso fue investigado por la sede de la Agencia Antidroga (DEA, por sus siglas en inglés) en Miami con la ayuda del FBI. La División de Operaciones Internacionales del FBI transportó a Saab desde Cabo Verde a EE.UU. a bordo de un jet.
Nervios en Caracas
La reacción del chavismo demuestra la importancia de Saab. Maduro se retiró unilateralmente de la ronda de negociaciones con la oposición en México, amparadas por Noruega y que debían haberse reanudado el domingo. El régimen venezolano incluso llegó a nombrar a Saab como miembro de la delegación chavista de manera virtual para que negociara con la oposición que dirige Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, la posibilidad de un acuerdo nacional para solucionar la crisis humanitaria.
A las pocas horas de la extradición de Saab, el régimen chavista volvió a detener a cinco ciudadanos estadounidenses y un residente permanente del mismo país que cumplían arresto domiciliario en Caracas. Se trata de los llamados «6 de Citgo», porque son exdirectivos de Citgo Petroleum Corporation, filial de la estatal Pdvsa, a quienes detuvieron en 2017 en Caracas por cargos de malversación de fondos. Estaban bajo arresto domiciliario desde mayo y niegan los cargos.
A la audiencia de Saab, emitida por Zoom, se conectaron más de 350 personas, entre periodistas y políticos venezolanos.
Se abre un periodo en el que Saab puede negociar con la Fiscalía si se declara culpable, colabora, y le reducen la condena