El proyecto Castor habría seguido pese a los 500 seísmos en un mes
Los dos exdirectivos acusados defienden su gestión en el juicio por unos hechos de 2013
La Audiencia de Castellón inició ayer el juicio por el proyecto Castor, que sienta en el banquillo de los acusados a dos exdirectivos de la empresa Escal UGS, cuyas inyecciones de gas en una plataforma ubicada frente a la costa castellonense de Vinaroz provocaron más de 500 seísmos entre septiembre y octubre de 2013. Algunos de esos terremotos se sintieron y causaron daños en viviendas.
Los dos responsables de Escal UGS, la empresa adjudicataria de un proyecto impulsado por el Gobierno, se escudaron en que los informes preliminares no preveían ningún riesgo, aunque eran conscientes de la sismicidad que podía producirse, y defendieron que se podía haber seguido inyectando gas en el almacén subterráneo de no haberse decretado el cese de su actividad tras detectarse los primeros temblores.
El expresidente de la compañía, Recaredo del Potro, puso el foco en que los ciudadanos no sintieron ninguna actividad sísmica, mientras se estaba trabajando a 1.700 metros de profundidad e insistió en que la zona en la que se ubicaba el depósito era la de menor peligrosidad de la península.
Del Potro apuntó que el Instituto Francés del Petróleo fija el umbral de riesgo en niveles de presión superiores a 49 bares, mientras en Castor se registraron ocho como máximo. Además, subrayó que los seísmos se localizaron a quince y veinte kilómetros del Observatorio del Ebro y del Instituto Geográfico Nacional, respectivamente, por lo que «no estaba claro que estuvieran conectados» con el proyecto que dirigía la compañía participada mayoritariamente por ACS, el grupo empresarial de Florentino Pérez. En la misma línea, el que fuera consejero delegado de Escal UGS, José Luis Martínez Dalmau, explicó que se realizaron auditorías «tremendamente exhaustivas» y sostuvo que, pese a que los movimientos sísmicos coincidieron en el tiempo con las inyecciones, estos no se produjeron en el mismo yacimiento. Del mismo modo, aseguró que la sismicidad disminuyó al mismo tiempo que reducían la entrada de gas en el almacén.
Hasta siete años de cárcel
La Fiscalía reclama para los procesados seis años de prisión por un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales junto a la propia mercantil, a la que exige una multa de 189.000 euros. Por su parte, los 123 afectados por los terremotos solicitan a la concesionaria y a sus antiguos directivos –para los que piden siete años de cárcel– una indemnización de 1.845.000 euros por los daños morales y la «ola de pánico» que provocaron.