La presidenta y los miembros de la Mesa de PSOE y Podemos, ante su propia inhabilitación

▶ Meritxell Batet y los diputados que se resisten a ejecutar el fallo pueden incurrir en desobediencia

Consciente de que la desobediencia exige una oposición abierta y frontal, la Mesa intenta sortearla en forma de consulta

Con independencia de las discusiones doctrinales a las que está dando lugar el cumplimiento de la pena accesoria de inhabilitación del diputado Alberto Rodríguez, la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la máxima instancia jurisdiccional, es clara: el pago de la multa de 540 euros que sustituye a la prisión de un año y un mes es independiente de la inhabilitación que obliga al ex número tres de Podemos a dejar su escaño por propinar una patada a un policía. Tan claros ve el Supremo los términos de su resolución que cuando Alberto Rodríguez pidió la al tribunal sentenciador (la propia Sala Segunda) que le aclarara los efectos de esa pena accesoria, el Alto tribunal lo consideró innecesario.

Si siendo el máximo interesado en aclarar sus dudas la Sala dio ese portazo a su petición, cuánto más se espera que haga con quien no es parte en el procedimiento. Los propios diputados lo saben, y de ahí que fuentes jurídicas interpreten la maniobra de la Mesa como una forma de ganar tiempo y de desafiar al Alto Tribunal. Tanto la presidenta –quien tiene la llave para hacer que esa sentencia se cumpla– como los tres diputados de Podemos y los dos del PSOE que con sus votos torpedean la ejecución inmediata del fallo de la Sala Segunda se pueden enfrentar a su propia inhabilitación. Así lo asegura el catedratico de Derecho Penal Esteban Mestre, que recuerda que el artículo 410 del Código Penal sanciona a la autoridad o funcionario público que se niegue «abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales». La pena es de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis meses a dos años. Tendrían, por tanto, que dejar su escaño.

De la misma forma lo ve el también penalista Luis Rodríguez Ramos, que alude al artículo 117 de la Constitución: «El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes». No hay escapatoria posible ante la sentencia del Alto Tribunal, y lo contrario sería incurrir en un delito de desobediencia, apostilla el profesor. Cuestión aparte sería que el propio Alberto Rodríguez recurra en amparo al TC (algo que ya ha anunciado que hará) pero eso es independiente de la actuación que tiene que llevar a cabo la Cámara Baja. Advierten ambos juristas de que para que se aprecie esa desobediencia tiene que ser una «negativa abierta» a dar cumplimiento a la resolución judicial y, en este sentido, estarían tratando de eludirla planteando dudas y la necesidad de aclaraciones, no de una forma contumaz y frontal. El precedente de Forcadell

No queda lejos el precedente de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y de los miembros independentistas de la Mesa que fueron juzgados por desobedecer los mandatos del TC, que les prohibió tramitar cualquier iniciativa tendente a la celebración de un referéndum ilegal. Hace ahora un año el TSJC condenó a 20 meses de inhabilitación a cuatro de ellos pese a que se escudaron con escaso éxito en los informes de los letrados de la Cámara. Forcadell acabó condenada por sedición. También el expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa fue condenado por desobediencia a un año y seis meses de inhabilitación por negarse a disolver Sozialista Abertzaleak en el año 2003.

Lo que no ven tan claro los juristas consultados es la posible comisión de un delito de prevaricación por parte de Batet. Es difícil apreciar la arbitrariedad que exige el tipo penal cuando se apoyó en un informe jurídico que hace una interpretación «razonable» del cumplimiento de la pena accesoria que también comparten penalistas como Javier Pérez Royo o Antonio Cuerda, con quien ha hablado ABC.