Órdago de los transportistas: solo aceptarán los peajes a cambio de compensaciones
►El Gobierno promete contentar al sector, que denuncia que ya paga 19.000 millones anuales a través del impuesto de hidrocarburos y el IVA
El plan del Gobierno para implantar peajes en todas las autovías y autopistas antes de 2024 se ha convertido en una yincana plagada de obstáculos. La propuesta ha generado otra grieta en el seno del Ejecutivo, ya que Unidas Podemos se niega ahora a implementar las tasas pese a incluir la propuesta en el acuerdo programático firmado con el PSOE al comienzo de la legislatura. Y en el sector privado, los transportistas amenazan con paralizar el país con sus movilizaciones si el Gobierno convierte los peajes en un trágala.
Fuentes del sector explican que «los transportistas se oponen tajantemente a los peajes porque supondría, en la práctica, acometer una doble imposición». Los transportistas recuerdan que ya pagan para mantener las carreteras unos 19.000 millones al año en impuestos específicos a través del tributo especial de hidrocarburos y el IVA del combustible. «Los 8.000 millones anuales que dicen que hacen falta para mantener las carreteras podrían salir de ahí», denuncian desde el sector.
Pese a ello, el transporte por carretera es consciente de la insistencia del Gobierno en la tarificación de la red de alta capacidad en manos del Estado. Por ello, advierten de que si finalmente el Ejecutivo decide seguir adelante sí o sí con su propuesta, solo aceptarán el plan si viene acompañado de «compensaciones directas» al sector. Unas compensaciones que, en principio, «se ajustarían al modelo de peajes que finalmente se apruebe». «Mantenemos contactos casi semanales con el Ministerio y saben que nuestra situación tras la pandemia es compleja», explican fuentes empresariales.
La pelota está en el tejado del Ejecutivo. El martes, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, aseguró que el Ejecutivo presentará «en pocos meses» una propuesta para tarificar la red que será «justa, rigurosa y sostenible» y contará con la aprobación de los agentes sociales y el sector del transporte. Fuentes gubernamentales añaden que el plan está avanzando a buen ritmo y la previsión es presentarlo antes de final de año.
El calendario choca frontalmente con la realidad, porque la ministra todavía no se ha sentado para abordar este asunto con las empresas de transporte, pese a que estas le solicitaron un encuentro nada más acceder al cargo el pasado verano. Además, el sector –que ni siquiera conoce la propuesta del Ejecutivo para tarificar la red– advierte de que cuenta con un documento firmado por el anterior secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, donde el Gobierno se compromete a no implantar peajes sin el consentimiento del transporte. Si este compromiso se rompe, algunas organizaciones sindicales de transportistas no descartan ya llevar a cabo una serie de movilizaciones que podrían paralizar el país.
Tras conocerse que el Gobierno había incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a finales de abril a la Comisión Europea un proyecto para implantar peajes en toda la red de alta capacidad antes de 2024, el pánico se extendió por el tejido empresarial. El Ejecutivo reculó semanas más tarde y aseguró que determinados colectivos, como los transportistas y las personas que circulan por determinadas vías para llegar a su trabajo, se verían exentos de estas nuevas tasas. Pero con el paso de los meses esa promesa se ha diluido, y el Ejecutivo ha apostado por el hermetismo respecto a su plan definitivo.
Desde el Gobierno deslizan que la implantación de estas tasas (el Ejecutivo ya evita hablar de peajes) se realizaría en dos fases. En la primera se implantaría el sistema de viñetas, una pegatina que se pega en el parabrisas del coche y permite circular por carreteras tarificadas durante un periodo determinado. Y, en la segunda, concebida a medio plazo, se adoptaría un sistema de pago por uso según el cual los conductores que realicen más kilómetros tendrían que abonar un peaje mayor. Un modelo que requiere cierta infraestructura, como sistemas de telepeajes. Aún así, el modelo definitivo no está todavía cerrado.
Aunque en un principio la tarificación se concebía para todo tipo de carreteras, el Gobierno rectificó y aseguró que solo se llevaría a cabo en vías de alta capacidad, es decir autovías y autopistas. En la práctica, esto puede
evitar que los trabajadores que vivan en ciudades dormitorios tengan que pagar grandes sumas para ir a trabajar en localizaciones como Madrid o Barcelona.
Como fuere, lo cierto es que el modelo todavía está en el aire. Y lo único claro es que el Gobierno tendrá que implantarlo. Tal y como informó ABC, Bruselas sigue muy de cerca este asunto, ya que los peajes por carretera están sumamente extendidos dentro de la Unión Europea y es una medida vista con buenos ojos por la Comisión. Por si ello fuera poco, las propuestas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido en primavera a Bruselas representan compromisos formales que España debe acometer en un plazo establecido para acceder a los fondos europeos.