ERC acuerda con el PSOE blindar las protestas independentistas en las universidades

Esquerra Republicana anunció ayer que ha cerrado un acuerdo con el Ministerio de Universidades, con el PSOE y con Unidas Podemos, que permitirá proteger las protestas estudiantiles independentistas en las universidades catalanas. El acuerdo se ha alcanzado en el marco en la nueva Ley de Convivencia Universitaria, una de las normas que el grupo parlamentario de Gabriel Rufián reclamaba algunos cambios para allanar la negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2022.

Desde la tribuna del Congreso la diputada republicana Marta Rosique anunció que, como consecuencia de este acuerdo, su grupo retiró la enmienda de totalidad que había registrado al proyecto de ley presentado por Manuel Castells. El texto pasó ayer su primer trámite en el Pleno del Congreso al rechazarse la enmienda de devolución que defendió el PP por lo que proseguirá su tramitación en la Cámara Baja. Según Rosique, el acuerdo cerrado con Universidades «blinda la autonomía universitaria y los derechos de movilización del estudiantado», estableciendo que «los derechos de reunión, manifestación, asociación y huelga sean garantizados siempre, porque son un principio superior que debe regir la convivencia universitaria». De esta forma –resaltó la diputada– se resuelve también el problema que, a su juicio, podría producirse porque el proyecto del Gobierno no cerraba la puerta a «la persecución de los piquetes».

Cuatro décadas de retraso

Los diputados rechazaron la enmienda a la totalidad del PP con 202 votos en contra y 145 a favor. Antes de la votación, el ministro de Universidades, Manuel Castells, defendió que su proyecto derogará el reglamento vigente. «La norma llega al Congreso con cuatro décadas de retraso», aseguró el ministro, que mostró su sorpresa por que el régimen disciplinario vigente sea regido «por un decreto de 1954 dado en el Pazo de Meirás», que tachó de «preconstitucional e inconstitucional».

Por su parte, la diputada del PP María Jesús Moro afeó al Gobierno que «la ley reformula el modelo de convivencia en el ámbito universitario» y cuestionó a Castells si ese futuro modelo se basa en el que siguen las universidades catalanas. Para ello, citó varios casos de «atropello» de la Generalitat a estudiantes y profesores que se oponen al gobierno independentista y «simplemente defienden la Constitución».