Rodríguez contrata a Boye para recurrir la retirada del escaño
▶ Desiste de actuar contra Batet por prevaricación y se centrará en la condena
El ya exdiputado y exmiembro de Podemos Alberto Rodríguez ha contratado los servicios del abogado Gonzalo Boye, el mismo que representa los intereses, entre otros, de Carles Puigdemont, para recurrir su condena por agredir a un policía con la vista puesta en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También estudiarán «eventuales acciones judiciales» contra decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de retirarle el escaño.
En un comunicado difundido ayer en la web de Efe, Rodríguez señalaba que «se deben adoptar» esas eventuales acciones por su expulsión del Congreso en cumplimiento de la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo. Para el exdiputado, la decisión ataca «los principios más básicos de la soberanía popular y de la democracia» y quiere forzar un pronunciamiento al respecto.
Las primeras informaciones sobre la posible presentación de una querella surgieron ya el pasado viernes, cuando la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2013, Ione Belarra, se despachó en Twitter apuntando a que el Tribunal Supremo y la presidenta de la Mesa habrían incurrido en prevaricación. Si al inicio se suponía que la querella iba a ser iniciativa de Unidas Podemos, después se dijo que la interpondría Podemos y luego, el propio Rodríguez. Iría contra Batet y por prevaricación. Ahora, confirma que su intención es recurrir la condena y estudiar la forma de lograr que se estudie en instancias judiciales la decisión adoptada por Batet porque entiende que no se ajustó a derecho. No sería así una acción por lo penal contra ella la que estaría encomendando a sus nuevos abogados, Gonzalo Boye e Isabel Elbal, ya familiarizados en el tira y afloja con instituciones.
Se da la circunstancia de que siendo Batet aforada ante el Tribunal Supremo, esa querella contra ella que se planteaba al inicio tendría que haber ido forzosamente a la Sala Segunda, la misma que condenó a Rodríguez por la patada a un policía en 2014 por la que ya fue procesado en un juzgado de La Laguna (Tenerife) mucho antes de que ocupase cargo alguno. Los juristas consultados por este diario entienden que la iniciativa, al margen de esa coincidencia, tendría «poco o ningún recorrido» porque entendían que «no tiene ni pies ni cabeza» una iniciativa así.
El tribunal le condenó a 45 días de cárcel, con posibilidad de sustituir esa pena por una multa 540 euros y una indemnización de 50, además de la inhabilitación para sufragio pasivo, es decir, para presentarse a unas elecciones. La cuestión estaba en si no poder ser elegido implica no poder ostentar el cargo electo. Y hay discrepancia jurídica, pero el Supremo, que es quien interpreta las leyes, no tocó una coma de su sentencia. Batet, que al inicio, como los letrados de la Cámara, no estaba por la labor, acabó retirándole el escaño.
Los juristas consultados pronostican que una querella por prevaricación contra ella ni siquiera sería admitida, ya que la prevaricación «requiere de una actuación dolosa e intencionada» que, en este caso, no se podría atribuir a Batet, en tanto que «está actuando en virtud de una resolución del propio TS». Otra cosa es si Rodríguez emprende acciones contra la resolución en sí de la presidenta del Congreso que implicó la retirada del escaño. Se trataría de la vía administrativa y el panorama sería diferente. Su pretensión es conseguir un pronunciamiento de fondo por partida doble: Si debió ser condenado y si esa condena implicaba inhabilitación.