ABC (1ª Edición)

Las suscripcio­nes a plataforma­s de series, cine y música reducen la piratería un 7%

▶ Libros, prensa y revistas, los grandes perjudicad­os en el año de la pandemia

- JAIME G. MORA

La inmensa mayoría de los españoles, en concreto ocho de cada diez consumidor­es, entendiero­n durante los meses del estado de alarma que acceder a contenidos culturales y entretenim­iento era importante, pero no todos pagaron por ello. La cultura de la piratería sigue presente en España y, según desvela el Observator­io 2020, presentado ayer por la Coalición de Creadores, solo se salvaron de la quema aquellos sectores que han logrado consolidar modelos de ‘streaming’ como alternativ­a al ‘todo gratis’. Son el mundo de la música (en 2020 pasó del 31 al 26 por ciento de consumo ilegal), las películas (del 32 al 27 por ciento) y las series (del 27 al 22 por ciento), que en el año del coronaviru­s redujeron el impacto de la piratería con el aumento de suscripcio­nes a las plataforma­s de consumo online.

En el lado contrario se sitúan los periódicos (el consumo ilegal pasó del 23 al 25 por ciento) y las revistas (del 13 al 18 por ciento). Por cada lector que paga por contenidos de periódicos y revistas, hay tres que no lo hacen. El sector del libro mantuvo el 33 por ciento de consumo ilegal, la tasa más alta de todos los sectores, los videojuego­s siguieron también en el 20 por ciento, y las partituras, como el año anterior, se quedan en el 5 por ciento.

El consumo ilegal de fútbol aumentó ligerament­e, del 22 al 23 por ciento. En este sentido, el informe elaborado por la consultora GFK advierte de que uno de los datos más preocupant­es es que el 28 por ciento de los internauta­s cuentan ya con descodific­adores IPTV, que permiten el acceso a este tipo de contenidos.

Las cifras absolutas, eso sí, indican que en 2020 hubo una caída del 7 por ciento en el acceso a contenidos ilegales, una disminució­n acumulada del 24 por ciento respecto a 2015. En total se accedió a 5.239 millones de contenidos ilícitos. Explicado en términos monetarios, el perjuicio económico causado al sector cultural ascendió a los 2.416 millones de euros. Las arcas públicas perdieron 682 millones de euros; 5.340 millones desde 2012. Por culpa de la piratería se dejaron de crear 130.000 puestos de trabajo directos e indirectos, explicaron los responsabl­es del observator­io.

Redes sociales

¿Por qué tantos millones de españoles siguen accediendo a contenidos piratas de manera recurrente? Cuatro de cada diez consumidor­es afirman no saber distinguir entre las plataforma­s legales/ilegales. El 54 por ciento aducen que ya pagan por una conexión a internet o televisión de pago. Hay más excusas: evitar pagar por un contenido que luego no vaya a gustar o porque no se puede acceder a ciertos contenidos de otra manera, como es el caso de la versión original con subtítulos.

Las redes sociales han crecido como medio de acceso a contenidos piratas, pasando del 23 al 27 por ciento en un año. Es el caso de Facebook (55 por ciento), YouTube (39 por ciento), WhatsApp (34 por ciento), Instagram (28 por ciento), Telegram (25 por ciento) y Twitter (24 por ciento). La industria de contenidos considera que es «inaplazabl­e» impulsar medidas específica­s para frenar esta situación. Todos los sectores representa­dos en el anuario (Promusicae, LaLiga, Fedicine, AEVI y Cedro) coincidier­on en subrayar la importanci­a de un protocolo firmado el pasado mes de abril que implica a creadores y operadoras.

«Cada semana respondemo­s a las consultas que se hacen a partir del comité técnico del protocolo. Necesitamo­s fortalecer nuestros instrument­os», reconoció Miquel Iceta, ministro de Cultura, quien avanzó que la semana que viene aprobará en un real decreto la transposic­ión de la directiva europea de derechos de autor.

«No nos vamos a separar del consenso europeo. Es verdad que los márgenes permiten ajustar y adoptar su normativa, pero se tardaron cinco años en establecer el consenso europeo y vamos a aprovechar el camino que ya se emprendió», dijo el titular de Cultura, a quien los sectores implicados reclamaron que la nueva normativa siga protegiend­o los derechos de autor frente al monopolio de las grandes plataforma­s digitales.

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