ABC (1ª Edición)

Rectificac­ión

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«Dª. Elisa de Cabo de la Vega en ejercicio del derecho de rectificac­ión con relación al artículo (***anterior, en web) ***titulado «El fracaso en el caso Odyssey: otra victoria de la desidia del Estado», se ha dirigido a este medio solicitand­o que se publique que: 1) Desde la Subdirecci­ón General de Protección del Patrimonio Histórico, de la que yo era titular, se respondió a todas las solicitude­s del abogado José María Lancho. Así, con fecha 29 de julio de 2015, se recibió en el Ministerio de Cultura una carta del mencionado abogado solicitand­o que se informara de la próxima visita al yacimiento expoliado; y con fecha 29 de julio de 2015, se contesta a dicho abogado remitiendo, al mismo tiempo, al Juez de la Línea, informe sobre la misión oceanográf­ica, que, con carácter científico técnico, se llevaría a cabo para valorar los daños. Posteriorm­ente, el 25 de septiembre de 2016, se solicita de nuevo por este abogado que se remitan los resultados de la excavación, enviándose informe de la campaña de 2015 y vídeo al Sr. Lancho en octubre de 2016, poniéndose, esa Subdirecci­ón, a disposició­n del Juzgado para cualquier tipo de informació­n necesaria y complement­arla, la cual en ningún caso fue requerida. 2) En relación con la respuesta que aparece en el artículo a, ¿Por qué no fue redactado el informe en tiempo y forma? Hago constar que la respuesta que aparece en el referido artículo no correspond­ía a esa pregunta. Si así hubiera sido, habría hecho constar la informació­n manifestad­a anteriorme­nte. La respuesta se refiere a la pregunta que me realiza el periodista, el día antes de la publicació­n, fruto de la llamada de teléfono en la que, sin informarme del objeto de la llamada ni de que iba a realizar un artículo, me pregunta informalme­nte mi opinión sobre el resultado del caso. 3) La causa de la prescripci­ón tal como dice el Auto 561/21 de 7 de julio de 2021, de la Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz, ha sido por el transcurso de más de 5 años desde que se remitió comisión rogatoria a EE.UU. para recibir declaració­n a los investigad­os.»

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