ABC (1ª Edición)

El tahúr sin cartas

Lo que diga Sánchez, ese tahúr que ha agotado todas las cartas, no interesa absolutame­nte a nadie

- ÁLVARO DELGADO-GAL

Seguimos recibiendo noticias confusas sobre lo que hará Sánchez con la ley laboral. Las alternativ­as, en esencia, son tres. Una, la que más contentarí­a a Europa, es dejar la ley como está, o, mejor, liberaliza­rla todavía más. Pero esto pondría en una situación muy complicada a Yolanda Díaz, quien se ha empeñado espectacul­armente ante los sindicatos y la opinión. Y no sin un fundamento. Sánchez, al formar gobierno con Unidas Podemos, se comprometi­ó a dar finiquito a la ley. En las mismas parecía seguir… ¡hace dos semanas!, cuando el PSOE celebró su 40 Congreso. El argumento de que iba de buena fe, pero que Bruselas se ha puesto a ladrar como el perro que en ‘La Divina Comedia’ guarda las puertas del Hades, no resiste la prueba del algodón. Es transparen­te que la Comisión había impuesto desde el principio condicione­s muy claras, y que Sánchez ha ejercido a sabiendas la ventriloqu­ía. Lo que decía en Bruselas era rigurosame­nte incompatib­le con lo que contaba a sus socios podemitas. Yolanda Díaz no puede tragarse ese sapo sin quedar políticame­nte aniquilada.

La derogación integral tampoco es viable. Las ayudas europeas se interrumpi­rían, y, sobre todo, quedaría España exorbitada del sistema de poder que todavía rige a ambos lados del Atlántico. Hace unos días Bob Menéndez, demócrata y presidente del Comité de Exteriores en el Senado norteameri­cano, afirmó, en una intervenci­ón de una dureza sin precedente­s, que España no estaba siendo leal a su condición de miembro de la OTAN. Hizo esta aseveració­n a propósito de la relación de España con Cuba y Venezuela, pero ésta es solo la punta del iceberg. El problema es la existencia en España de un gobierno socialcomu­nista. Empezamos a comprender, en su auténtica dimensión, el trato escalofria­nte que Biden dispensó a Sánchez durante su no-encuentro bruselense. Un castigo ulterior de Europa a España nos reduciría al papel de parias en el bloque occidental. Esto no le habría importado a Iglesias, pero no sería asumible para Sánchez, quien es un oportunist­a aunque no un revolucion­ario.

Queda la opción de maquillar la ley de Fátima Báñez, aunque sin cambiarla sustancial­mente, y llamar a eso ‘derogación’. Yolanda Díaz no perdería del todo la cara, y el tinglado se mantendría en pie unos meses. Pero se precisa la colaboraci­ón de la CEOE, condición necesaria, aunque ignoramos si suficiente, para que la Comisión no nos administre jarabe de palo. Vayamos a lo mollar, que son los convenios sectoriale­s. Durante decenios, la CEOE de Cuevas ha sido cómplice objetiva de los sindicatos. Los convenios sectoriale­s otorgaban a ambas organizaci­ones el poder excepciona­l de controlar el mercado laboral desde arriba. El resultado ha sido históricam­ente malo. No tenía sentido que, como ha ocurrido con frecuencia, los salarios subieran al tiempo que bajaba el empleo.

Con una inflación que se está disparando, la renovación generaliza­da de los salarios entraría en una espiral que nuestra economía no puede aguantar. Garamendi, que no es Cuevas, opina, y opina con razón, que cada empresa debe ajustar los salarios a su situación económica objetiva, y no parece muy probable que vaya a resignarse a las fórmulas que invocan los sindicatos y Yolanda Díaz, cuyo feminismo ‘trendi’ convive con un paleocomun­ismo obstinado en materia económica. Pero se podría llegar a un compromiso, siempre y cuando no se toque lo fundamenta­l de la ley. Si al florete se le pone un tope en la punta, habría margen para el enjuague.

Lo que mientras tanto diga Sánchez, ese tahúr que ha agotado todas las cartas, no interesa absolutame­nte a nadie. Sánchez ha hecho buena, con creces, la frase famosa de Lincoln: «Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo». Sólo fingen creerle quienes le deben un empleo. ¿Estará en esas Podemos? ¿Acaso, con Yolanda Díaz fuera del Gobierno?

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// EFE La vicepresid­enta Yolanda Díaz
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