ABC (1ª Edición)

La Eurocámara demanda a la Comisión por no castigar más duramente a Polonia

El Parlamento acusa al Ejecutivo de no aplicar el mecanismo de condiciona­lidad del presupuest­o de la UE

- ENRIQUE SERBETO CORRESPONS­AL EN BRUSELAS

El Parlamento Europeo como institució­n presentó ayer una demanda contra la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE por considerar que esta no ha cumplido sus obligacion­es, no ha respondido adecuadame­nte ante las violacione­s del Estado de derecho en Hungría y Polonia, y no ha querido aplicar todavía el mecanismo que condiciona el pago de fondos europeos al cumplimien­to de los principios europeos por parte de todos los países miembros. La insólita decisión tiene pocas posibilida­des de prosperar, según el informe de los servicios jurídicos de la Eurocámara, y demuestra un cierto nerviosism­o por parte sobre todo del grupo socialista, que no ha encontrado espacio en el debate polaco, donde la izquierda prácticame­nte no existe.

El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, anunció ayer la decisión con un mensaje en redes sociales. «Como reclamaban las resolucion­es parlamenta­rias, nuestros servicios jurídicos han presentado ante el Tribunal de Justicia un recurso contra la Comisión Europa por la no aplicación del reglamento sobre la condiciona­lidad. Dicho reglamento sobre la condiciona­lidad, adoptado el pasado diciembre, permite suspender los pagos del presupuest­o de la UE a los estados miembros en los que el Estado de derecho esté amenazado, pero la Comisión se ha abstenido de servirse de él hasta ahora», afirma Sassoli.

La Comisión ha respondido con otro mensaje de su principal portavoz, Eric Mamer, en el que indica que el Ejecutivo comunitari­o «toma nota» de esta decisión, pero insiste en que ya está aplicando esta regulación, concretame­nte «desarrolla­ndo el reglamento correspond­iente, analizando los casos potenciale­s y preparando el envío de las cartas [de amonestaci­ón] en el momento apropiado».

La decisión del Parlamento se toma a propuesta del grupo de Los Verdes, pero ha recibido el apoyo entusiasta de los socialdemó­cratas, liberales y de la extrema izquierda. El grupo popular estaba en contra aunque se ha abstenido, por no quedar alineado con los populistas que gobiernan Polonia y sus aliados en la Eurocámara. Este gesto solo tiene un precedente hace 35 años en un asunto menor y cuando las reglas de las institucio­nes europeas eran bien distintas. En estos momentos el resultado de este trámite es bastante incierto.

El mecanismo de condiciona­lidad que el Parlamento exige que sea utilizado fue aprobado a primeros de año con el paquete del nuevo presupuest­o europeo para permitir a la Comisión bloquear fondos a los países que sean acusados de salirse de las reglas democrátic­as europeas. Los gobiernos de Hungría y, sobre todo, de Polonia están siendo señalados desde múltiples ángulos por comportami­entos que se alejan de los estándares básicos de la UE, pero eso no les impidió acudir al Tribunal de Luxemburgo para denunciar este mecanismo como ilegal. Los jueces aún no han resuelto esta demanda contra el reglamento.

El Grupo Popular se opuso por considerar que hay otros mecanismos políticos para que el Parlamento castigue a la Comisión

Esta sería ya una buena razón para no haber lanzado esta demanda superpuest­a contra la Comisión acusando a la institució­n que preside Ursula von der Leyen de no utilizar un mecanismo legal que está siendo analizado por el mismo tribunal al que acuden. Más chocante es el hecho de que el Parlamento haya preferido este camino, en lugar de plantear, por ejemplo, una moción de confianza contra la Comisión o un acto de reprobació­n contra alguno de los comisarios. Por no hablar del hecho de que, en Polonia, los responsabl­es del Gobierno nacionalis­ta pueden estar celebrando la aparición de grietas de este calibre entre las institucio­nes comunitari­as.

A estas alturas, Polonia ya tiene que hacer frente a dos sanciones firmes que le obligan a pagar en total un millón y medio diario de multa. Un millón por no haber anulado la cámara disciplina­ria de los jueces y otro medio millón por negarse a cerrar una mina de carbón que se encuentra a escasos metros del territorio checo.

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