Caos en el ladrillo ante el vacío legal de la plusvalía municipal
► Los notarios ya detectan múltiples consultas de clientes sobre qué hacer con sus operaciones
La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la plusvalía municipal ha sacudido los cimientos del sector inmobiliario. Las consultas en las notarías se han disparado en los últimos días, y la incertidumbre sobre qué hacer con las operaciones ya en marcha se extiende entre los compradores. Algunos contribuyentes han decidido posponer sus operaciones; otros quieren adelantarlas. El caos a la hora de decidir irá a más hasta que llegue la nueva regulación.
La plusvalía municipal afecta sobre todo a la venta, donación o herencia de un inmueble. En el caso del traspaso es el vendedor el que debe abonar el impuesto al ayuntamiento, por lo que son los propietarios los que tienen más dudas ahora respecto a esta figura tributaria.
Fuentes jurídicas explican que los notarios están recibiendo un aluvión de consultas sobre cómo actuar. Por ley, estos profesionales están obligados a notificar cambios de este calado a los propietarios, pero el problema es que por el momento se desconoce la implicación real de la sentencia del Tribunal Constitucional ya que aún no ha sido notificada de manera oficial, aunque su contenido sí que ha trascendido. Tal y como ha publicado este periódico, el borrador del fallo establece, a grandes rasgos, que la plusvalía municipal no podrá ser exigida a partir de ahora y que la autoliquidación no podrá ser revisada como inicialmente se pensaba a tenor de la nota que emitió el Constitucional dos días antes.
Este documento es todavía un borrador, y la sentencia no ha sido publicada en su totalidad, lo que dificulta el trabajo de los notarios. Fuentes cercanas a este colectivo explican además que se está «enfatizando en el hecho de que el Constitucional no tumba el impuesto, sino la fórmula para calcularlo».
Ante este hecho, explican los notarios, algunos propietarios están adelantando sus operaciones con la esperanza de librarse del impuesto. «Todavía no está nada claro, pero todo apunta a que el Ministerio de Hacienda sacará en breve un nuevo cálculo. Por ello algunos ciudadanos quieren aprovechar este impás», explican desde el gremio .
También hay quien ha decidido esperar a que se aclare el entuerto para llevar a cabo su operación. La ley otorga una serie de plazos para el pago de la plusvalía municipal que en el caso de la venta y la donación llega hasta los 30 días hábiles desde la transmisión y en el de las herencias alcanza los seis meses prorrogables hasta un año sin coste.
La incertidumbre entre los clientes es elevada y así lo constatan los notarios. Y no es el único colectivo al que han estado acudiendo los ciudadanos estos días a preguntar. En las oficinas bancarias, como ha podido confirmar ABC, también se están sucediendo las consultas por parte de clietnes que no saben qué hacer con el impuesto: si deben pagarlo o no. Eso es lo que clarificará, de una vez por todas, la sentencia del Constitucional una vez se publique y notifique; está fechada, al menos así consta en el borrador, el 26 de octubre de 2021. De interés, asimismo, también serán los dos votos particulares con los que cuenta el fallo y que todavía están en redacción.
El terremoto que esta sentencia ha originado en los ayuntamientos ha sido notable, ya que este impuesto supone unos 2.500 millones de euros
anuales para los consistorios españoles en su conjunto. Madrid y Barcelona son las dos ciudades donde más se recauda, tanto en términos absolutos como en ingresos por habitante.
Los alcaldes ya se han levantado para reclamar al Ejecutivo que se dé prisa en regular de nuevo el método de cálculo del impuesto para que los municipios no pierdan esta cuantiosa fuente de ingresos. Y en ello está trabajando ya el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero.
A las pocas horas de que el Constitucional comunicara en una nota la inconstitucionalidad del método de cálculo de la plusvalía municipal, Hacienda reaccionó para tratar de calmar a los afectados. Principalmente a los ayuntamientos, que se afanaron en protestar por la situación desde el inicio.
El ministerio explicó que estaba ultimando un borrador para cambiar la Ley de Haciendas Locales y adecuar los preceptos anulados al marco constitucional. Dicha modificación, dijo, «garantizará la constitucionalidad del tributo, ofrecerá seguridad jurídica a los contribuyentes y certidumbre a los ayuntamientos».
Los expertos consultados por ABC señalan que lo más razonable sería utilizar el llamado valor de referencia, que entrará en vigor el 1 de enero de 2022, para que sea utilizado para calcular la base imponible del impuesto. Sin embargo, desde Hacienda niegan con rotundidad que esta vaya a ser la solución.
Lo cierto es que en el ministerio, pese a decir que estaban ultimando el borrador del cambio legal, aún no tienen definido cómo será la fórmula que utilizarán. Hay varias opciones aún en estudio y, en todo caso, la intención es esperar a que se notifique la sentencia de manera oficial.
Pese a todo, el fallo del Constitucional no coge por sorpresa al Gobierno. Ni a este, ni al anterior, ya que es la tercera vez que el Alto Tribunal insta a un Ejecutivo a legislar para cambiar el impuesto. La primera ocasión fue en 2017, con Mariano Rajoy en La Moncloa; la siguiente llegó ya en 2019, con Sánchez, y esta última en 2021 con el mismo presidente.