Sánchez se compromete a quitar poder a las empresas en los convenios
► El Gobierno vuelve a pactar lo que había acordado, una derogación de la reforma laboral que va en contra de las directrices de Bruselas
Enésimo viraje del presidente del Gobierno. Pedro Sánchez ha terminado pronunciando la palabra «derogación», la que ha estado rehuyendo durante meses por temor a enfrentarse a Bruselas, partidaria de preservar la esencia de la norma de 2012 y la flexibilidad que introdujo en las relaciones laborales. Este fin de semana hablaba solo de «reconstruir algunas cosas que se hicieron mal», pero ayer se comprometió al desmontaje de la norma del PP, tal y como pactó con su socio y ahora le exigen Yolanda Díaz y los sindicatos. Lo que está en juego es el equilibrio de poder en la negociación colectiva; limitar el poder que hoy tienen las empresas para bajar sueldos y recortar las condiciones laborales de los trabajadores.
El compromiso del presidente llegó tras una reunión en La Moncloa con las ministras de Economía y Trabajo, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, y los titulares de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de Hacienda, María Jesús Montero y de Educación, Pilar Alegría, para fijar una única voz en el Gobierno de cara a la negociación abierta con empresarios y sindicatos, desorientados por los bandazos de los ministros en una reforma clave que reclama Europa como condición para recibir los fondos europeos.
El encuentro terminó con un comunicado contundente, en el que el Gobierno se compromete a «derogar la reforma laboral de 2012». El texto remarca que esta derogación se hará «en los términos que establece el acuerdo de coalición y el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea», aunque la realidad es que entre lo comprometido frente a Bruselas y entre los socios de Gobierno no está redactado con la misma concreción.
El Gobierno ha insistido en que «antes de que acabe 2021» España debe aprobar «una legislación laboral moderna que revise los desequilibrios de la reforma de 2012 y deje atrás los problemas estructurales de nuestro mercado de trabajo» y ha puesto como ejemplo la derogación del artículo que permitía el despido por absentismo, los reglamentos de igualdad, los ERTE, la Ley ‘rider’ o el trabajo a distancia.
El uso del término «derogación» cobra ahora una gran importancia, pues tanto el presidente como la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, habían esquivado utilizarla en las últimas semanas. El término se había convertido así en el caballo de batalla de Unidas Podemos frente a la posición menos contundente defendida desde los miembros del PSOE. Así, parece quedar atrás la guerra fría vivida estas semanas entre Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. De hecho, Moncloa informó de que «la reunión se ha producido en un clima positivo y una actitud constructiva».
Tres son las conclusiones que emergieron de la cita y que han sentado como un jarro de agua fría en las filas empresariales. La primera de ellas se centra en remarcar que «el Gobierno está comprometido con la derogación de la reforma laboral de 2012 en los términos que establece el acuerdo de coalición y el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea». Según especifica el Ejecutivo, «la temporalidad y la precariedad son, junto al desempleo, las principales anomalías del mercado laboral español y estamos decididos a dejarlas atrás». Se cita también uno de los elementos clave de la actual negociación, la prevalencia de los convenios. «Es imprescindible disponer de herramientas equilibradas en la negociación colectiva y, al mismo tiempo, establecer condiciones claras para la subcontratación», reza el comunicado. Fuentes de la negociación aseguran, no obstante, que la clave no está tanto en qué convenio prevalecerá sino en si se mantiene o no la cláusula de descuelgue.
Eso sí, La Moncloa ha insistido en que se proseguirá con la negociación abierta con empresarios y sindicatos: «Sobre la base del trabajo realizado con los agentes sociales, el Gobierno busca, a través del diálogo social, un acuerdo con todas las partes justo y equilibrado. Esta voluntad es la mejor garantía de obtener una reforma duradera dentro del acuerdo establecido con la Comisión Europea en el Componente 23 del Plan de Recuperación».
Precisamente, el mencionado componente 23 es mucho menos concreto que el acuerdo del Gobierno de coalición. En él se recoge el compromiso de recuperar la ultraactividad de los convenios, que prevalezca el convenio sectorial sobre el de empresa y que se limite la externalización de servicios a través de la subcontratación. «El objetivo del Gobierno es construir un nuevo modelo de relaciones laborales para el siglo XXI que acompañe el proceso de modernización de la economía gracias a los fondos europeos, a través del diálogo social», zanja.
«Es una derrota de Calviño»
En el Gobierno existía ayer una sensación de alivio por lo que entienden que es el punto final de la polémica, al menos por ahora. Pero también de incredulidad, por haber sufrido casi dos semanas de desgaste para acabar refrendando el acuerdo de coalición. «Es increíble y bastante lamentable», dicen desde el flanco morado de la coalición. «Ha habido más incendio de lo que parecía», intentaban rebajar desde el PSOE.
Desde las filas socialistas se apunta a la falta de información que tenían res
pecto a lo que Trabajo venía negociando desde marzo. Y desde el departamento de Díaz se apuntaba a la intervención de Calviño reivindicando el liderazgo en la negociación. Al final, la consecuencia ha sido uno de los pulsos más prolongados de los casi dos años de coalición. La sombra de la construcción del nuevo proyecto político de Yolanda Díaz ha sobrevolado todo este tiempo. Unos dicen que ha utilizado esta estrategia para reforzar su perfil político. Los otros que el PSOE recela de la popularidad en las encuestas de la titular de Trabajo.
La secuencia de los hechos termina con un relato político en el que Yolanda Díaz sale reforzada en su pulso. «Conseguir meter la palabra derogación, aunque esté firmada en el pacto de Gobierno, es una derrota de Calviño bastante evidente», decían ayer desde Podemos. En el PSOE, en cambio, se evitaba valorar el conflicto en esos términos.
Pero la literalidad de lo pactado dejan poco espacio para la duda. Desde el equipo de Díaz se ponen en valor tres cosas: la remisión a los acuerdos ya suscritos, el reconocimiento de que el trabajo ya efectuado será la base de lo que resta de negociación y la inclusión del término «derogación», que aunque reconocen como una batalla de terminología creen que era necesario «tras los vaivenes de esta semana». Incluso esa lectura se hizo visible en lo gestual. Díaz se detenía a su llegada al Senado para atender a los medios y manifestarse «satisfecha» por lo acordado. Nadia Calviño salía a toda prisa de su intervención en la sesión de control al Gobierno para no hacer declaraciones. Ambas están condenadas a entenderse. La nueva regulación deberá aprobará antes de que acabe el año, como exige Bruselas.