Colau reta al Gobierno y se niega a compensar a las promotoras
► La ley de vivienda dicta que los ayuntamientos deben resarcir a las empresas si imponen límites a la promoción
El anteproyecto de ley de vivienda aprobada la semana pasada por el Gobierno no solo amenaza con abrir una brecha entre el Ejecutivo y el sector inmobiliario, sino que va a perpetuar la guerra interna entre el PSOE y Unidas Podemos (y los comunes) por una legislación que para la sección morada del Ejecutivo, y sus representantes en ciudades como Barcelona, se queda muy lejos de sus expectativas.
Entre las filas moradas escuece, entre otros asuntos, el hecho de que la norma obligue a los ayuntamientos a compensar a las promotoras a las que se les obliga a destinar un 30% de su producción a viviendas de protección oficial (VPO). La medida ya está vigente en Barcelona, pero hasta ahora el consistorio de Ada Colau no ofrece ningún incentivo. Algo que, en teoría, debería cambiar cuando la ley de vivienda entre en vigor. En teoría.
La reforma estatal es tajante. «Con objeto de alcanzar la reserva de suelo para vivienda sujeta a algún régimen de protección pública sobre suelo urbanizado no sometido a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización, las administraciones competentes arbitrarán los mecanismos de compensación pertinentes para ello», reza el anteproyecto de la ley.
Según la regulación barcelonesa, aprobada en diciembre de 2018 pero vigente desde diciembre de 2020, el Ayuntamiento no está obligado a establecer compensación alguna a los promotores, algo que ahora podría revertirse según se interprete la ley. Fuentes municipales reconocen que la ley presenta una «ambigüedad» que obligará ahora a concretar.
Desde el mismo consistorio asumen que en el trámite de enmiendas que ahora se abre en las Cortes el grupo de los comunes deberán presentar enmiendas. «No debería peligrar», puntualiza en condicional la concejal de Vivienda, Lucía Martín, que admite que en el texto del anteproyecto hay muchos aspectos a los que hay que «darle más ambición». En la misma línea se pronuncia la concejal de Urbanismo, Janet Sanz, quien recordó que en base a la norma barcelonesa, avalada por la Generalitat y amparada a su vez en la ley catalana de vivienda, cuando está garantizada la viabilidad económica de una promoción, la compensación no es pertinente.
«Nosotros hemos hecho unos informes en que hemos valorado claramente que no hay una pérdida que haga inviables las operaciones, por tanto, como está garantizada la viabilidad, no se tercia la compensación; legalmente está blindado», concreta. Pese a este blindaje, los comunes presentarán sus enmiendas. «Por si acaso», les faltó decir a las responsables municipales. Señalada como medida estrella del mandato
Desde el Ejecutivo aseguran que una sentencia reciente del Constitucional establece el derecho a indemnizaciones
de Colau, la obligatoriedad de reservar un 30% de las nuevas promociones a VPO en todas las obras de nueva construcción y grandes reformas en parcelas de más de 600 metros cuadrados ha sido controvertida desde su aprobación, y de hecho está recurrida judicialmente.
Huida de inversiones
Los promotores denuncian que se está produciendo una fuga de promociones a otros municipios del área metropolitana, y que las nuevas promociones que se llevan a cabo en Barcelona son de manera mayoritaria licencias otorgadas antes de la entrada en vigor de la medida, tal y como se explica desde la Asociación de Promotores de Cataluña. «El Ayuntamiento no aporta datos sobre los proyectos que se han construido con esta medida porque no se ha ejecutado ninguno», explica el secretario general de APCEspaña, Daniel Cuervo.
En su momento, el Colegio de Arquitectos cifró en una caída del 40% la superficie de obra visada en 2020 en Barcelona, unas cifras que se han compensado en el primer semestre de 2021 por la entrada de obra nueva que se solicitó precisamente antes de la entrada en vigor de la norma, para evitar cumplir con el 30%.
Fuentes del mercado advierten de que la norma está teniendo un impacto demoledor sobre el ladrillo en Barcelona. Según estas fuentes, el 17% de los inversores y promotores catalanes han abandonado Barcelona y más del 45% han paralizado nuevas inversiones. Casi la mitad del total.
La interpretación que hace el Ayuntamiento difiere. Por un lado admite que los dos años de moratoria que se establecieron propiciaron que muchas promociones quedaran exentas del 30%, lo que se traduce, según el Consistorio, en un potencial de 500 pisos protegidos que se han perdido. Por contra, muchas promociones que entonces se pararon a la expectativa de lo que pudiese suceder, ahora se reactivan, y para este año se prevé, afirma el Consistorio, que unos 150 pisos pasarán a engrosar el parque público de vivienda.
En un principio se especuló con que la obligación del 30% de VPO en las promociones se extendiese al resto de España en la ley de vivienda. Fuentes de Transportes, sin embargo, aseguran que desde un primer momento se planteó que esta obligación debía estar acompañada de compensaciones para el sector. En la parte socialista del Gobierno aluden a una sentencia del Tribunal Constitucional que establece este derecho a indemnizaciones, y avisan de la inseguridad jurídica que puede generar el hecho de no establecer compensaciones.
«Lo que se echa de menos son medidas que incentiven la oferta, oferta que tenga capacidad de contención de precios, medidas que den seguridad jurídica y que estimulen la colaboración público-privada para aumentar el parque de viviendas disponibles», explica el director del servicio de estudios de Pisos.com, Ferran Font.