«No hay imparcialidad si es posible conectar a la fiscal general con el Ejecutivo»
Dos de los seis magistrados de la Sección Cuarta del Tribunal Supremo, la que inadmitió los recursos contra el nombramiento de la fiscal general por falta legitimación de PP y Vox, consideran que la Sala debió haber analizado la idoneidad de Dolores Delgado para el cargo. Así lo aseguran en sendos votos particulares José Luis Requero y Antonio Jesús Fonseca-Herrera, quien opina que el nombramiento debería haber sido directamente anulado al no poder desvincularse la imparcialidad de la idoneidad de la candidata, un requisito formal que los tribunales sí pueden controlar.
«Resulta así evidente que un juicio negativo sobre la apariencia de falta de imparcialidad de la persona nombrada, que es lo máximo que puede alcanzar un juicio previo al ejercicio efectivo del cargo, sería causa suficiente y bastante para negar el presupuesto de idoneidad que contempla el artículo 29.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal», señala Fonseca-Herrera. Esa falta de imparcialidad, como premisa determinante de la «idoneidad», se plantea, a su juicio, por el hecho de que Delgado fue propuesta inmediatamente después de haber desempeñado, «sin solución de continuidad, concretas funciones políticas, ejecutivas y parlamentarias en el ámbito de otros poderes del Estado –ministra y diputada–». Sostiene, así, que «la clara finalidad del legislador –la imparcialidad– no puede considerarse observada si es posible conectar al fiscal general del Estado con el Poder Ejecutivo (...)». En su opinión, Dolores Delgado «no reunía el requisito de ofrecer absolutas garantías de independencia».
En el otro voto particular, Requero no llega tan lejos como Fonseca-Herrero, pero sí considera que los magistrados deberían haber entrado a valorar el alcance de la idoneidad de la candidata. Como su compañero, también rechaza la decisión de la Sala de inadmitir los recursos alegando la falta de legitimación de los partidos, cuando más allá de un interés político, la cuestión suscitaba un debate jurídico.