Hoy lo arregla

El Gobierno de Sánchez no negocia y legisla. Solo decreta y practica el trueque con el independentismo catalán y vasco

POCO dura la alegría en la casa del contribuyente. La ministra de Hacienda recibe el aplauso de los compromisarios –con cargo y plaza en los ayuntamientos– asistentes al congreso del PSOE en Andalucía: «Que... por cierto, el lunes arreglo lo de las plusvalías». Ovación cerrada del personal puesto en pie. Faltaba la media verónica: «Hombre, claro… claro... el lunes lo llevo al Consejo de Ministros». Nada más español que un aquí mando yo. Como dicen en México: «Vivir fuera del presupuesto es un error». Sin los 2.500 millones de la plusvalía más de uno o de una se queda sin puesto en los más 8.100 ayuntamientos de España, casi lo único que no ha variado entre el cielo y el suelo patrio desde la división provincial hecha por Javier de Burgos en 1833. El Tribunal Constitucional declara ilegal por confiscatorio el pago de la plusvalía municipal calculada sobre el supuesto de que siempre se revaloriza el terreno, fuera verdad o no. En su paz se quedaron y con eficacia recaudaron.

Los políticos de todos los colores han mantenido el sistema a sabiendas de su flagrante ilegalidad. Y más desde que en 2017 el propio Constitucional salió en defensa de los que pagaban el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana –así se llama el bicho, digo el impuesto– con pérdidas en la venta. La ovación del aparato del PSOE andaluz a la ministra Montero confirma la primacía de la España oficial que discurre por un carril paralelo al real. Por lo menos deberían jactarse de corregir una injusticia que daña a los contribuyentes. Qué va. El arreglo salva a los ayuntamientos agobiados con los siguientes presupuestos en un limbo. La ministra va a poner el parche con un decreto. Ya veremos si el método escogido acaba también tumbado por el Constitucional al utilizar el camino corto. El Gobierno de Sánchez no negocia y legisla. Solo decreta y practica el trueque con el independentismo catalán y vasco a cambio de su sostenimiento en el poder. Y así, como mínimo hasta 2027, gracias a un PP dedicado, una vez más, a llevarle la contraria sus votantes. Y esto sí que no tiene arreglo ni por decreto.