Interior presume de su política para acercar presos etarras
Un «adecuado cambio de política penitenciaria». Así resume el Ministerio de Interior el acercamiento masivo de presos etarras al País Vasco con Sánchez en el Gobierno. Y así consta en el informe del departamento que dirige Marlaska para responder a las recomendaciones que el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa hizo a España tras la visita que realizó a nuestro país el año pasado.
En esa respuesta, Interior ofrece una batería de datos que ilustran cómo el Gobierno de Sánchez ha acelerado el acercamiento de etarras. Según ese documento, a mediados de este año sólo quedaban 19 presos de ETA en cárceles situadas a más de 200 kilómetros del País Vasco. Y es que los acercamientos de etarras han aumentado exponencialmente desde que Sánchez llegó a La Moncloa y Marlaska al Ministerio del Interior a mediados de 2018.
Cuando se produjo la moción de censura que aupó a Sánchez y al PSOE al poder, sólo ocho etarras estaban en cárceles vascas, poco más del 3 por ciento del total. Tres años después eran ya 48, la cuarta parte de los que había entonces. Pero desde el pasado verano se ha intensificado más todavía esa tendencia, de forma que sumaban hasta 73 a principios del mes pasado, cuando el Ejecutivo central cedió al Gobierno vasco las competencias de las tres prisiones que hay en esta comunidad autónoma.
Y lo mismo ocurre con la política de dispersión: cuando se produjo el cambio de Gobierno, la inmensa mayoría de los etarras condenados (86%) estaban en prisiones a más de 200 kilómetros del País Vasco. Este verano ya eran menos del 10%: los mencionados 19 sobre un total de 192. De hecho, todos ellos están en prisiones de la mitad norte de España.
El giro a la política penitenciaria de los Gobiernos de Sánchez, ahora con Unidas Podemos, también se ha dejado sentir en las condiciones de los etarras en prisión. Antes de que llegara a La Moncloa, el 88% de ellos se encontraban en primer grado y no llegaban al 0,5% los que disfrutaban del régimen abierto. Las tornas se han invertido y ahora son poco más del 4% los que cumplen condena en el régimen más estricto, mientras que el 88% ya está en segundo grado y más del 7% en régimen abierto.