Balance penal tras once años de pesquisas: una condena recurrida y 138 causas por resolver
Hay 103 procesos en fase de instrucción y otros 35 ya están listos para ser juzgados
El entramado de los ERE fraudulentos de Andalucía lleva casi 11 años dirimiéndose en los juzgados. Alcanza a tres jurisdicciones: la vía penal, la civil –que deriva de la penal– y la contable, en el Tribunal de Cuentas (TCu), el máximo órgano estatal de fiscalización de fondos públicos. Estas dos últimas vías, la jurisdicción civil y la del TCu, son en las que la Junta trata de recuperar el dinero malversado cuando gobernaba el PSOE.
En los últimos años se han ido abriendo procedimientos en el Tribunal de Cuentas. Mientras, en paralelo, se ha dirimido penalmente por el desvío de fondos en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y en la Audiencia Provincial. Estos últimos investigan y enjuician los presuntos delitos cometidos en las más de un centenar de piezas en que se ha fragmentado la macrocausa de los ERE.
Durante una década (2000-2009), más de 200 sociedades, entidades y ayuntamientos, en su mayoría en manos del PSOE, recibieron un total de 679,4 millones de euros sin orden ni convocatoria de ayudas, sin publicidad ni procedimiento reglado alguno. Fueron tocados por la «varita mágica» de los gobiernos socialistas de la Junta, que diseñaron un fondo que lo mismo servía para socorrer a un amigo en apuros que para arreglarle la jubilación a familiares de altos cargos o para apagar conflictos laborales. Así lo determinó la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla en la única sentencia penal del caso ERE, la denominada pieza del procedimiento específico de ayudas. Condujo a una condena coral el 19 de noviembre de 2019. Según el tribunal, 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía prevaricaron –tomaron decisiones injustas a sabiendas– o malversaron hasta 679,4 millones.
Entre los condenados figuraron los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán; una exministra, Magdalena Álvarez; un exvicepresidente autonómico, Gaspar Zarrías; cuatro exconsejeros, viceconsejeros, directores generales, y así hasta sumar 19 ex altos cargos que estuvieron sentados casi un año en el banquillo. Diez fueron condenados a penas de hasta siete años de cárcel; el resto, inhabilitados para empleo o cargo público. El tribunal sólo absolvió a dos altos funcionarios: el ex interventor general y el jefe jurídico de la Junta. Los condenados han pedido su exculpación al Tribunal Supremo, que aún no ha resuelto sus recursos.
Los casos pendientes
En la actualidad hay otras 138 causas abiertas, en distinta fase procesal después de decenas de archivos, exclusiones de políticos y prescripciones. Se están investigando a empresas y ex responsables políticos de la Junta a través de 103 piezas separadas del caso ERE, de las que 81 se encuentran en fase de instrucción de diligencias previas y las 22 restantes en fase intermedia tras haberse dictado el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado (procesamiento). Además, otras 35 investigaciones están ya finalizadas y se han mandado a la Audiencia de Sevilla para su enjuiciamiento.
Tras un proceso de instrucción tortuoso, en el que el sumario ha ido pasando por las manos de nueve jueces de distintos órganos en el ámbito penal, se han celebrado sólo dos juicios: el ya citado del procedimiento específico, y el de las ayudas concedidas a la empresa de aceitunas Acyco, que quedó visto para sentencia el día del pasado sorteo de la Lotería de Navidad.
En octubre de 2020 murió el director de Trabajo que dio la mayoría de ayudas, Francisco Javier Guerrero, quien destapó la existencia de lo que bautizó –luego se arrepintió– como un «fondo de reptiles» para socorrer a «criaturas» necesitadas de ayuda sociolaboral. En sus inicios hubo más de 500 imputados en esta causa que tardará más de una década en enjuiciarse.