El anómalo sistema electoral español
«Si la actual coalición de gobierno y sus apoyos parlamentarios es derrotada en las siguientes elecciones generales, debería ser un imperativo democrático acabar con este chantaje al que tienen sometida a la nación aquellos que la quieren destruir. No hay ninguna ley más importante ni más urgente que esta, ni géneros, ni memorias, ni fiscalidad ni inmigración ni nada. O cambiamos esto o la muerte de la nación está garantizada en unos pocos años»
LA Constitución del 78 estableció una serie de condicionantes básicos que debían regir en el sistema electoral español. Estos condicionantes serían tres: circunscripción provincial, proporcionalidad para el Congreso y sistema mayoritario para el Senado, que ya aparecen por primera vez en las normas electorales recogidas en el Real Decreto Ley 20/1977 de 18 de marzo, donde se fijó la forma de elegir a los representantes del pueblo en las Cortes Generales. Esto se hizo en un período predemocrático, pero esa norma fue validada, en lo esencial, democráticamente en 1985 por el Gobierno de Felipe González.
La ley electoral es el corazón de la democracia. Ella configura la forma de acceder al Gobierno y la relación que va a haber entre los diferentes actores que constituyen el poder de la nación. Como hemos podido comprobar a lo largo del tiempo, esta ley ha provocado que en España el poder haya estado condicionado casi siempre por las minorías. Fue a partir de 1993 cuando los aparentemente leales CiU y PNV empezaron a tener protagonismo y, posteriormente, estos partidos ya de forma descaradamente desleal, han decidido los gobiernos y las leyes de España. Así, el resultado práctico es que las minorías, vasca y catalana, hayan extraído ventajas y recursos en detrimento del resto de las regiones. Por lo tanto, podemos afirmar con rotundidad que en España no se gobierna para todos, se gobierna para satisfacer a las insaciables minorías independentistas, que tienen como objetivo desgajarse de España. Estas, mientras lo consiguen, buscan expulsar al Estado de sus regiones, mediante la transferencia de competencias y marginando y persiguiendo a los españoles que viven en esas regiones y que no comulgan con su credo independentista.
Podemos decir que el sistema electoral español se hizo con buena fe, con la idea de integrar a todos en la gobernabilidad de España. Pero la realidad ha sido otra, y la deslealtad ha sido la norma. Esto no ocurre en ningún lugar del mundo. Otros países pueden ser gobernados por partidos de ideologías diversas, liberales, socialistas, comunistas, de extrema izquierda o derecha, pero ninguno busca destruir a su nación. España no se puede suicidar por indolencia. El actual debate de los presupuestos generales del Estado ha puesto en evidencia esta anómala situación que se vive en España. Podemos ver cómo los socios independentistas exhiben su poder sin pudor alguno y hacen morder el polvo al Gobierno en cada debate, humillando así al resto de españoles, que ven como la nación es malvendida para que Sánchez y su Gobierno sigan disfrutando de sus privilegios. Los españoles de todo signo político y condición debemos decir ¡basta ya!
¿Cómo se puede cambiar la ley electoral para que se resuelva el secuestro al que someten las minorías extractivas e independentistas a la nación? Continuamente asistimos al debate sobre los cambios que habría que hacer en la ley electoral para solucionar este problema.
Algunos proponen un sistema de doble vuelta, sistema francés, o un sistema uninominal, sistema inglés. Pero estas dos propuestas van claramente en contra de la Constitución, por lo tanto, no es posible llevarlas a la práctica sin cambiar la misma. Otros piden exigir un porcentaje mínimo de votos a nivel nacional. Pero esto no resuelve el problema tampoco, salvo que se ponga un mínimo del 10 por ciento. Un ejemplo son las elecciones europeas, en las que se exige un mínimo de votos a nivel nacional y sin embargo las minorías se coaligan para poder obtener eurodiputados y los consiguen. Por último, otra idea muy debatida es la de ‘un hombre, un voto’; con este sistema se aumentaría el peso de las provincias más pobladas, pero seguirían teniendo representación los partidos independentistas y, por tanto, la llave del Gobierno. Así, a modo de ejemplo, con el actual sistema, pero corrigiéndolo para que todos los votos pesen igual, Cataluña en las últimas elecciones generales, pasaría de 48 a 56 diputados, ERC de 13 a 16 y Junts de 7 a 9, y todo a costa de las provincias de Soria, Cuenca, Palencia, Teruel, etcétera. Y lo mismo con el País Vasco: aquí el PNV mantendría 7, Bildu bajaría de 4 a 2. Es decir, mandarían los mismos y con más fuerza, pues tendrían los independentistas vascos y catalanes 36 diputados, contra los 28 que tienen ahora.
Para reformar la Ley Electoral, sin tocar la Constitución y eliminar el control de las minorías, se plantean tres posibilidades: 1. Filtro en la presentación de candidaturas. Se exigiría para poder presentar candidaturas al Congreso y al Senado que se tenga implantación nacional mediante la modificación del artículo 169.3 de la Loreg.
Así para poder presentar candidaturas en las elecciones generales se exigiría a los partidos, federaciones o coaliciones, que no hubieran obtenido más del 2 por ciento en 30 circunscripciones en la anterior convocatoria de elecciones generales, que obtuvieran la firma de, al menos, el 2 por ciento de los electores inscritos en el censo en un mínimo de 30 provincias. De esta forma no se podría presentar en la práctica ningún partido regionalista, pues tendrían muy difícil obtener ese número de firmas.
2. Doble filtro para entrar en el reparto de diputados mediante la modificación del artículo 163 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Se exigiría para entrar en el reparto de diputados obtener un 3 por ciento en la circunscripción, que es lo que se exige ahora y, además, un 2 por ciento en al menos 30 provincias. De esta forma sólo obtendrán representación los partidos con verdadera implantación nacional. Los partidos regionales, aunque no estén en el Congreso de los Diputados, ya están muy bien representados en sus parlamentos regionales y en el Senado.
3. Asignar 50 diputados extras al partido más votado en las elecciones generales. Este es el actual sistema griego y se puede conseguir mediante la modificación de los artículos 162 y 163 de la Loreg. Esto se puede hacer aumentando a 400 el número de diputados, o bien disminuyendo a 300 los diputados elegidos por el actual método y los otros 50 se asignarían al partido que haya obtenido mayor número de votos a nivel nacional. Este reparto de los 50 diputados extras podría ser cuestionado por su falta de proporcionalidad. Con los restantes 300 diputados permitiría a todos los partidos regionalistas los mismos diputados, como hasta ahora, pero en la mayoría de los casos no condicionarían al Gobierno de la nación.
Se puede concluir que, si la actual coalición de gobierno y sus apoyos parlamentarios es derrotada en las siguientes elecciones generales, debería ser un imperativo democrático acabar con este chantaje al que tienen sometida a la nación aquellos que la quieren destruir. No hay ninguna ley más importante ni más urgente que esta, ni géneros ni memorias ni fiscalidad ni inmigración ni nada. O cambiamos esto o la muerte de la nación está garantizada en unos pocos años.