Nuevo fiasco de Teresa Ribera para abaratar la tarifa de la luz
▶ Comercializadoras y renovables criticaron el modelo presentado por el ministerio
El nuevo intento de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para forzar una bajada de la tarifa regulada de la luz (pvpc) ha vuelto a fracasar. Su plan era que fueran las energías renovables, de cogeneración y residuos (Recore) las que suministraran la electricidad a los casi 11 millones de consumidores domésticos y pymes con tarifa regulada a un precio de unos 60 euros el megavatio hora (MWh), cifra muy inferior a los aproximadamente 200 euros de media que cuesta en la actualidad en el mercado mayorista.
Cabe subrayar que nuestro país es el único en el que la tarifa regulada está ligada directamente al precio mayorista de la electricidad.
La propuesta, que en esta ocasión sí que fue consultada por el ministerio entre los sectores afectados, no gustó a las empresas del Recore porque entienden que se trataba de una imposición «improvisada y drástica» y supondría un fuerte recorte en sus ingresos en un escenario de precios elevados. «Cuando en 2020 los precios se hundieron, no fuimos a pedir limosna a nadie», subrayaban fuentes del sector.
Además, la medida ocasionaría un grave daño colateral al abaratar la tarifa regulada en detrimento de los precios a plazo del mercado liberalizado, lo que provocaría una pérdida de clientes de las comercializadoras independientes.
La Asociación de Comercializadoras Independientes de Energía (ACIE) remitió hace unos días una comunicación urgente al ministerio solicitando evitar que «se crucen determinadas líneas rojas que puedan alterar, de forma perniciosa para la libre competencia y liberalización del mercado eléctrico la actual configuración del mercado y la participación de las renovables en competencia con otros agentes dentro de un mismo mercado».
«No hay consenso»
ACIE apuntó que de alterarse la actual estructura del servicio de representación los comercializadores perderían una fuente de financiación de aproximadamente 1.000 millones de euros y tendrían que depositar con fondos propios una ingente cantidad de garantías ante la OMIE, el operador del mercado.
A la vista de todas las críticas recibidas, Teresa Ribera dijo en Glasgow –donde ha estado una semana asistiendo a la COP26– que será «difícil» sacar adelante la reforma de la tarifa regulada de la luz en la que trabaja el Gobierno «mientras no haya consenso» por parte de las distintas partes implicadas.
Explicó que el objetivo del Gobierno es «buscar el máximo compromiso y no hay fechas si no hay consenso. Me parece que como aparentemente está resultando difícil que haya un espacio común, no veo fácil que haya consenso en esta cuestión», indicó. Lo que no reconoció la ministra de Transición Ecológica es que esa «falta de consenso» se debe al mal planteamiento realizado por su ministerio.