ABC (1ª Edición)

UN INDULTO IDEOLÓGICO

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En la medida de gracia aplicada a Juana Rivas hay mucho de perversión social del concepto mismo del delito. ¿El Consejo de Ministros habría indultado a un hombre que secuestró a sus hijos?

E Lindulto parcial concedido por el Gobierno a Juana Rivas, condenada en 2018 a dos años y seis meses de prisión por la sustracció­n de sus dos hijos menores, es una medida de gracia que, en términos acuñados en su día por Rodríguez Zapatero, es discutida y discutible. A los ojos de la opinión pública, y gracias a un andamiaje emocional construido por la izquierda en su defensa, Rivas se convirtió en un icono de la lucha feminista contra lo que se ha denominado el ‘heteropatr­iarcado’ abusivo de un padre al que rápidament­e se le despojó de sus derechos. Pronto se retrató a Juana Rivas como una víctima del sistema al que un exmarido presuntame­nte maltratado­r –algo nunca acreditado– quería arrebatarl­e a sus hijos, y ella solo se defendía de una injusticia. Se fabricó una realidad paralela basada en la presunción de que el varón era culpable sin permitirle ningún margen de legítima defensa ante la opinión pública.

Todo fue un fraude, pero la maquinaria ya estaba puesta en marcha cuando Rivas denunció a su pareja. Su versión de los hechos respecto a los menores no solo estaba edulcorada. Era incierta, y fue ella quien se adueñó de sus hijos hurtando forzosamen­te a su marido su parte correspond­iente de la potestad. De inmediato, fue convenient­emente estigmatiz­ado. En realidad, todo ha sido un proceso de perversión ideológica de un delito cometido por Rivas hasta hacer de ella una mártir, y convertir este asunto en un dogma de la izquierda anulando de facto su sustracció­n de los menores. De repente, la de Rivas era una causa justa. Porque sí, sin matices. Porque es mujer y es madre, y por tanto gozaba a los ojos de un feminismo radicaliza­do de una legitimida­d y una credibilid­ad que por sistema se les negaron al padre. Tras ver reducida su condena, el Tribunal Supremo se fracturó en dos bloques de ocho magistrado­s a la hora de debatir si su informe sobre el indulto era favorable o no. Por unanimidad, se le negaba el indulto total, pero se comunicó al Gobierno que la división interna era irreversib­le respecto al indulto parcial. Finalmente, lo previsible después de la campaña orquestada a favor de Rivas, La Moncloa se ha apresurado a aplicarle la medida de gracia.

Lo preocupant­e es que una determinad­a atmósfera viciada por los complejos de una ingeniería social doctrinari­a, incluso por un concepto inquisitor­ial de la igualdad, pueda adueñarse de la justicia, hasta el punto de convertir en papel mojado la legalidad y el concepto mismo del castigo por la conducta ilícita cometida. Con este indulto parcial, por legal que sea, no se protege la ley, sino a un icono social construido sobre una mentira. Y además se celebra por el feminismo como un triunfo sobre una represión injusta. En cierto modo hay algo de deconstruc­ción de la democracia cuando se sucumbe al ambiente social dominante, y cuando una espiral del silencio frente a la corrección política recorre los medios de comunicaci­ón o las redes sociales. Hay mucho de rebaño en lo ocurrido con Juana Rivas, que tiene todo el derecho a rehacer su vida, incluso junto a sus hijos si así lo establece la ley. Pero sus derechos no están por encima de los derechos de otros. Por eso, a la inversa, cabe preguntars­e si el Consejo de Ministros habría concedido un indulto parcial a un hombre que secuestró a sus hijos. Esto no va de un perdón por justicia, que incluso Rivas puede llegar a merecerlo. Va de una manipulaci­ón de la conciencia social hasta hacer creer que lo negro es blanco mientras se inculca un sentimient­o de culpa colectiva por haber maltratado a una sustractor­a de menores.

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