Cataluña fracasa en su reforma de una ley de seguridad que ahora quiere imitar el Gobierno
Sustituir las pelotas de goma por el ‘foam’ aboca al cuerpo a cuerpo entre policías y manifestantes
Fue en noviembre de 2012 cuando Esther Quintana perdió un ojo tras recibir el impacto de una pelota de goma durante una huelga general en Barcelona. Un caso que llevó al Parlament, un año después, a prohibir a los Mossos d’Esquadra utilizar este proyectil, que se sustituyó por el ‘foam’, pese a que los agentes advirtieron de su menor efectividad para mantener la distancia y con ello evitar el cuerpo a cuerpo con los manifestantes. El debate sobre el orden público se reabrió en Cataluña tras los disturbios por la condena del 1-O, y volvió a la arena política durante las negociaciones para la investidura de Pere Aragonès como presidente de la Generalitat. Primero, con un preacuerdo por el que la CUP reclamó eliminar también el ‘foam’. Frente al ‘pressing’ de los antisistema, los sindicatos de Policía catalanes han advertido en infinidad de ocasiones de que dejar a los antidisturbios sin herramientas para dispersar manifestaciones violentas supondría abocarlos a una situación –el cuerpo a cuerpo– más peligrosa, tanto para los propios efectivos como para los causantes de las algaradas. Ahora son agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil quienes temen la retirada de las pelotas de goma con la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Una medida que plantea el Gobierno de coalición y entre las que ha propiciado que los uniformados convoquen una manifestación el próximo 27 de noviembre. «Nos oponemos en rotundo a esa retirada porque, como hemos podido comprobar en los disturbios en los que tenemos que intervenir, también en Cataluña, el elemento sustitutivo de las pelotas, como el ‘foam’, no genera un resultado disuasorio ni ayuda a restablecer el orden público», indica a ABC Pablo Pérez, portavoz de Jupol, sindicato de la Policía Nacional. El argumento que se esgrime para su posible retirada es la lesividad de las mismas.
Según un informe de la ONG Irídia, entre el 2000 y el 2020 se han documentado 40 heridos por este proyectil en toda España. Pero, la consecuencia de su desaparición, como ya habían advertido los Mossos, es el «el enfrentamiento entre violentos y policía», señala Pérez. «Si se quita este elemento se tiene que buscar una alternativa. Si las pelotas son lesivas, se debe buscar una herramienta que lo sea menos. En contextos donde el número de manifestantes es muy superior al de policías, el cuerpo a cuerpo es inviable», advierte Daniel Limones, experto en seguridad de la UOC.
«Politizar» la seguridad
Respecto a posibles sustitutos, desde la Unidad de Intervención Policial (UIP) –los conocidos como antidisturbios– indican que no hay ningún otro elemento que genere el mismo resultado. Algo que corroboran sus homólogos en la Policía catalana, tras años sin emplearlas: «Las balas de ‘foam’ no mantienen la distancia en la fuerza, entonces los manifestantes extremadamente violentos no son disuadidos en absoluto. Hoy día no tenemos una herramienta realmente efectiva para disolver», explica Imma Viudes, de Sap-Fepol.
El menosprecio del Govern a la policía autonómica fue lo que llevó a centenares de agentes a manifestarse en Barcelona a finales de octubre. Una marcha contra la «politización constante» de los Cuerpos policiales y por la falta de «valentía» de los dirigentes catalanes para condenar las agresiones que sufren. Ahora serán policías nacionales y guardias civiles los que saldrán a la calle, en rechazo a la modificación de la ley de Seguridad Ciudana, al considerar, como les ocurre a los Mossos, que el Gobierno «está coartando cada vez más la actuación de los agentes, sobre todo, en las manifestaciones que derivan en altercados violentos, donde se lanzan objetos a los agentes y se quema mobiliario urbano». Desde Jupol consideran que el cambio que busca el Ejecutivo «pone en duda la labor policial y trata de beneficiar al que infringe las leyes».
En Cataluña la fiscalización también continúa. Será la CUP el partido que presidirá la comisión de estudio del modelo policial en el Parlament, cuyo objetivo será realizar una auditoría sobre la actividad de los agentes.
«El problema radica en la politización. Nos falta una cultura de la seguridad y entender que las unidades de orden público no existen porque sí. Podemos discutir si el modelo existente es mejorable, pero todo el control no puede recaer sobre los agentes, que ven como se les cuestiona constantemente, cuando ellos deben velar por los derechos y libertades de los demás», concluye Limones.