Los jóvenes cargarán con la factura del ‘baby boom’, pero sin mayor pensión
▶El mundo académico rechaza la subida de cotizaciones de Escrivá porque no mejora la sostenibilidad y empeora la equidad intergeneracional
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha conseguido cerrar con los sindicatos el asunto más espinoso de la primera parte de la reforma de las pensiones: el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), sustituto del frustrado factor de sostenibilidad del PP. Lo hizo sin el apoyo de los empresarios y ha provocado críticas entre el mundo académico. Uno de los principales focos de conflicto está en el peso añadido que llevarán sobre sus espaldas las generaciones más jóvenes, ya castigadas por la precariedad salarial y la falta de empleo, para afrontar los años de tensión financiera que tendrá el sistema debido a la jubilación de los ‘baby boomers’.
El esquema pactado con UGT y CC.OO. para sostener las pensiones supone un alza de la cotización del 0,6% a partir de 2023, y durante un periodo de diez años, y de ese porcentaje, el 0,5% lo pagarán las empresas y un 0,1%, los trabajadores. La generación del ‘baby boom’ verá protegida así su pensión a costa de que las aportaciones de los trabajadores actuales y los activos más jóvenes que, sin embargo, no tendrán derecho a pensiones mayores. El alza pactada es una cuota finalista para afrontar precisamente las tensiones del retiro de los nacidos entre 1957 y 1977.
«El MEI no introduce ningún mecanismo de equidad intergeneracional, al menos durante la próxima década. Más bien al contrario, traspasa una parte del mayor coste de la jubilación de las generaciones del ‘baby boom’, más numerosas y con mayor esperanza de vida, a las generaciones más jóvenes que continúan trabajando, aumentando así la inequidad del sistema», relataban ayer el doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València, Enrique Devesa, y Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA, en un artículo. Ambos participaron en el diseño del factor de sostenibilidad de 2013 derogado.
Este hecho también ha sido criticado por los empresarios, que han alertado además sobre los efectos que puede tener sobre el empleo. Tras apearse de las negociaciones aseguraron que el mecanismo «tiene poco de intergeneracional ya que carga todos los esfuerzos sobre los trabajadores actuales y futuros, especialmente sobre los jóvenes».
También el economista Marcel Jansen, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Economía por el Instituto Universitario Europeo de Florencia y uno de los mayores expertos en economía laboral de nuestro país, criticaba la decisión en su cuenta de Twitter: «El ‘boomer’ Escrivá se olvida de los jóvenes obligado por los jóvenes de Podemos», dijo. «La (hasta ahora) fallida reforma de pensiones no resuelve el problema de la sostenibilidad del sistema, empeora la equidad intergeneracional y manda una señal preocupante a Bruselas. El balance no podría ser peor», remarcó.
El ministro se desdice
El mecanismo de equidad llega después de que Escrivá haya venido defendiendo desde verano un camino diferente –llegó a hablar de que los ‘baby boomers’ deberían elegir entre trabajar un poco más o cobrar un poco menos– para evitar que « los hijos de esa generación, no soporten el mayor gasto en pensiones que supondrá la llegada de sus padres a la edad de jubilación». Según defendía Escrivá, es una generación más pequeña y «estrecha» que la de los ‘baby boomers’ y que además padece «mucha precariedad laboral».
El efecto de la subida de cotizaciones en el empleo es también controvertido. Aunque el Gobierno rechaza que vaya a tener ningún impacto, los empresarios aseguran que ya soportan unos importantes costes que frenan la contratación y auguran que esta tendencia irá a más. «Lo que importa aquí es que España tiene un coste laboral y un coste asociado a las cotizaciones muy por debajo del de los países de nuestro entorno (...) España está en una situación que da margen y holgura a todo lo que estamos haciendo», dijo el ministro en Onda Cero. «Cuando hablamos de esto, comparémonos con nuestros socios europeos. El coste laboral en España son 21 euros por hora trabajada. En Italia es un 20% superior, y en Alemania, un 35%. Lo que todo el mundo tiene que entender es la solidaridad que tiene que tener el Estado de Bienestar, que hay que pagarlo», ha insistido.
Sin embargo, según Eurostat, solo cuatro países superan el 9,02% que suponen en España las cotizaciones en proporción con el PIB. Son Estonia, Francia, República Checa y Eslovaquia. Si lo que se analizan son los tipos de cotización, España también está a la cabeza de la OCDE y con solo cuatro países por delante. Solo Francia (35,9%), República Checa (33,8%), Italia (31,6%) y Suecia (31,4%) superan el 29,9% de España. La media en la OCDE está en el 17,2%.
Fuentes del Instituto de Estudios Económicos calculan que «elevar un 0,5% los costes laborales en España, tanto salariales como no salariales, hace que descienda un 0,2% el número de empleos». Un impacto que, puntualizan, tradicionalmente es más alto en los puestos de menor cualificación, que se corresponden también con los peores pagados, un colectivo en el que también se encuentran los más jóvenes.
Más allá de los efectos secundarios del MEI, Escrivá insiste en señalar el recorte que habría introducido el factor de sostenibilidad de haber entrado en vigor. Defiende que con este mecanis
mo se está evitando un recorte de entre el 2 y el 3% para los futuros pensionistas. «El factor de sostenibilidad supondría para un joven con una pensión de 1.500 euros que al final de su vida laboral se recortaría en 300 euros», dijo. Con el mecanismo se dotará un colchón de unos 50.000 millones para 2032, según el ministro, gracias a las mayores cotizaciones de estos mismos.
Otra de las dudas que ha generado el mecanismo, y que ayer sacó a relucir en el Congreso grupos políticos socios del Gobierno como ERC –que ha calificado el MEI de «patada para adelante»– es si será suficiente. El ministro defiende que sí y que en caso contrario se habría propuesto una subida de cuotas mayor. Como fuere, la realidad es que el pacto con los sindicatos incluye un plan B, que abre la puerta tanto a recortes de gasto como de nuevas alzas de cuotas.
Si a partir de 2033 se apreciara en los informes de envejecimiento (Ageing Report) de la Comisión una desviación de la previsión de gasto en pensiones a 2050 respecto al informe de 2024 (que se usará como referencia), se utilizará el citado fondo, con un límite de disposición anual del 0,2% del PIB. Y si la disposición de activos del fondo no fuera suficiente, el Gobierno negociará con los interlocutores sociales o un recorte de gasto o una nueva alza de cotizaciones.